La mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso es clave porque controlan el órgano de gobierno de la Cámara que decida qué leyes se tramitan y cuáles no. En este sentido, el Senado, a instancias de la mayoría del PP, ha enviado al Congreso hasta 15 leyes para que sigan su recorrido parlamentario y muchas de ellas podrían acabar aprobadas, pero el PSOE y Sumar las bloquean para evitar que se visualice una mayoría alternativa de la derecha. Una de esas 15 iniciativa es la ley "antiokupa" del PP, que en el Senado obtuvo la abstención de Junts y del PNV y, si ambas formaciones mantuvieran su posición en el Congreso, podría quedar aprobada. No obstante, PSOE y Sumar llevan ya 323 días y 46 semanas bloqueando la iniciativa en el Congreso.
La ley, que superó el primer filtro parlamentario en el Senado y llegó el 12 de febrero al Congreso, está parada pese a que ofrece soluciones a la "okupación" en un momento delicado por los problemas de acceso a la vivienda. En concreto, regular el desalojo inmediato de los "okupas" ya que la norma señala que no tendrán "la protección de morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad pública o sus agentes", que es el mecanismo que tienen los "okupantes" cuando se meten en una vivienda vacía para dilatar el plazo de expulsión.
La iniciativa quiere evitar que los "okupas" puedan acogerse al derecho a considerar la vivienda "okupada" como morada y, además, se va a dar un plazo máximo de 24 horas para ser desalojados cuando sean requeridos "por la autoridad pública o sus agentes con ocasión de la correspondiente denuncia". En caso de que no se pudiera acreditar en el plazo de 24 horas el título jurídico de la ocupación, "la autoridad pública o sus agentes procederán al lanzamiento inmediato si no se hubiera producido el desalojo voluntario". "Si se tratara de flagrante delito, la autoridad pública o sus agentes procederán al desalojo inmediato", añade el artículo 3 de la proposición de ley.
Sí es cierto que cabe diferenciar entre allanamiento de morada, que hay sí que actualmente se desaloja de inmediato a los "okupas", y usurpación de inmuebles, que es donde hay más dificultades legales para echar a los "okupantes". La proposición de ley se ajusta para dar solución a este problema ya que muchos propietarios con alguna vivienda vacía se ven con muchas dificultades legales para echar a los "okupas", que, además, generan muchos inconvenientes a los vecinos y se acaba deteriorando la convivencia en determinadas zonas.
La "okupación" sigue en niveles máximos en España: a expensas del balance de este 2024, en 2023 se registraron 15.289 "okupaciones", contando tanto allanamiento de morada como usurpación de inmuebles. Es decir, un dato todavía muy superior al que se registró en 2018, cuando llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, ya que ese año se disparó hasta los 12.214 (en 2017, con Mariano Rajoy, la cifra estaba en 10.619).
