La Comisión Europea abrió el pasado mes de diciembre de 2023 una investigación contra X, anteriormente conocida como Twitter, al sospechar que no estaba combatiendo el contenido ilegal y la desinformación. En 2022, entró en vigor una nueva ley sobre servicios digitales que obliga a las grandes plataformas (con más de 45 millones de usuarios al mes en la UE) a evaluar una vez al año los riesgos que causan a la sociedad. Bruselas decidió abrir esta investigación, la primera bajo el paraguas de esta nueva ley, después de que no le convenciera la respuesta de la plataforma sobre las medidas que estaba llevando a cabo para evitar la propagación de contenido terrorista tras al ataque de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre.
Además, Bruselas sostiene que existen evidencias de actores malintencionados que abusan de la existencia de cuentas supuestamente verificadas. Asimismo, el Ejecutivo comunitario también sospecha que X no es lo suficientemente transparente en cuanto a la publicidad. Igualmente, la Comisión acusa a la red social de no proporcionar a los investigadores acceso a sus datos públicos en línea y obliga a estos a pagar tarifas muy altas si quieren acceder al interfaz de programación de aplicaciones.
Desde 2023, las sospechas sobre la plataforma de Musk se han acrecentado, pero Bruselas no ha tomado ninguna decisión. La normativa sobre servicios digitales no da ningún plazo a la hora de concluir las investigaciones y la Comisión Europea pide tiempo antes de dar pasos en falso, sobre todo a la hora de detectar cualquier manipulación en los algoritmos. En caso de concluir que la plataforma está incumpliendo la normativa europea, esto puede desembocar en una multa de un seis por ciento de la facturación global de la compañía. En las últimas semanas, Musk ha mostrado su apoyo al partido ultra Alternativa para Alemania, ha llamado «incompetente» al canciller alemán Olaf Scholz e incluso ha acusado al primer ministro británico, Keir Stamer, de haber tapado delitos sexuales contra menores cuando era fiscal. Bruselas asegura que no puede perseguir las opiniones políticas de Musk, quien partir del próximo 20 de enero formará parte de la Administración Trump al frente de un departamento de «eficiencia gubernamental», y que tan solo puede actuar si se demuestra que el dueño de X ha alterado los algoritmos de la red social para que sus mensajes prevalezcan sobre los de otros usuarios o plataformas.
La prueba de fuego llegará este jueves cuando el propio Musk retransmitirá en vivo una conversación con la líder de Alternativa para Alemania, Alice Weiden, Bruselas avisa de que estará atenta a si la plataforma da un trato preferente a este contenido sobre otros ante la sospecha de que Musk ha podido introducir un multiplicador que socava la neutralidad del algoritmo para favorecer sus propios mensajes.
Esta semana el portavoz comunitario, Thomas Reigner, ya recalcó que las grandes plataformas «tienen que analizar y mitigar los riesgos potenciales para procedentes de diferentes ámbitos, incluidos los riesgos para los procesos electorales y el discurso cívico», si bien este martes ha aclarado que la investigación abierta en diciembre de 2023 y las medidas para proteger las elecciones alemanas previstas para el 23 de febrero son temas diferentes. En todo caso, independientemente del arsenal jurídico que Bruselas tiene a su disposición, la Comisión Europea prefiere no sumarse a las voces de los líderes políticos –entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico- que han arremetido en las últimas horas contra Musk. El inquilino del Elíseo ha llegado a asegurar que el dueño de X apoya «una internacional reaccionaria» que «representa a grandes intereses financieros privados» y que aprovecha que «nuestras democracias liberales no han sido suficientemente eficaces en la protección de la clase media».
De momento, Bruselas prefiere mantener un perfil bajo. «Hay que señalar que, al reaccionar, alimentamos también el debate», se afirma desde la Comisión.
