La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana está en tramitación en el Congreso de los Diputados, pero todavía está sin un horizonte claro para su aprobación definitiva. La idea inicial de Bildu, que es el partido que ha impulsado la reforma legislativa tras un acuerdo con el Gobierno, era que estuviera ya aprobada a finales del año pasado, pero no hubo margen para ello porque el periodo de presentación de enmiendas se alargó hasta el 18 de diciembre. El plan es que la nueva ley de Seguridad Ciudadana, bautizada como «ley Otegi» por sus detractores, concite el apoyo de todos los socios de investidura del Gobierno pese a que eso puede deparar una negociación ardua por las diferencias que hay entre el PNV y Bildu.
En todo caso, según fuentes de las negociaciones consultadas por LA RAZÓN, la idea es que el «proceso de tramitación sea rápido porque lo largo ya se hizo en la pasada legislatura», en referencia a todos los cambios que se acordaron, aunque no entraron en vigor porque Bildu y Esquerra se opusieron a apoyar la totalidad de la reforma sin cuatro elementos que ahora sí se han incluido. En concreto, la proposición de ley acordada ahora entre el PSOE y Bildu sí incorpora cambios en los artículos referentes a la desobediencia y la resistencia a la autoridad y las faltas de respeto ante los agentes, además de la eliminación de las pelotas de goma y la introducción de un mecanismo para acabar con las devoluciones en caliente.
Esquerra y Bildu bloquearon la reforma legislativa en la pasada legislatura porque consideraban que los cambios en los artículos 36.6 (desobediencia) y 37.4 (faltas de respeto) eran nucleares ya que la gran mayoría de sanciones por la Ley de Seguridad Ciudadana se originaban en esas disposiciones. En cambio, los detractores de la reforma consideran que esas modificaciones, además de otras, van a «desarmar» a los agentes policiales e impedirles hacer bien su trabajo. De hecho, incluso socios del Gobierno, como el PNV, han tratado de frenar a Bildu y al PSOE con esos cambios.
En este sentido, en el caso de la disposición sobre desobediencia a la autoridad, el PNV sí acepta casi todo el nuevo redactado pactado por PSOE y Bildu sobre esa infracción, pero rechaza que se rebaje de grave a leve. Los nacionalistas vascos creen que la desobediencia a la autoridad debe seguir siendo considerada una infracción grave para mantener «el principio de autoridad en la labor policial». Asimismo, los de Aitor Esteban también ponen coto al nuevo redactado sobre las faltas de respeto y rechazan que las sanciones queden sin efecto si el autor se retracta ya que «si se aprobara esta herramienta de absolución» que plantean PSOE y Bildu, se podrían «realizar actos sancionables de forma recurrente e impune».
Ahora, la proposición de ley ha superado el trámite de enmiendas a la totalidad y el próximo paso que se tiene que dar será la fase de Ponencia. Ahí, según las mismas fuentes, habrá un «debate para tratar de llegar a acuerdos» sobre las decenas de enmiendas al articulado que se han presentado, aunque nadie se atreve por ahora a especificar quién cederá en qué. El PNV ha presentado 28 enmiendas, mientras que Junts ha registrado un total de 17.
