El que un día fue vicepresidente del Gobierno y presidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, se sienta hoy en el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo por presuntamente haber cargado numerosos gastos personales a las arcas del partido autonómico asturiano que fundó, Foro Asturias, tras abandonar el Partido Popular en 2011.
Álvarez-Cascos será finalmente juzgado por un delito continuado de apropiación indebida después de que este juicio se suspendiese sucesivamente desde mayo de 2023. La primera vez, en esa fecha, por la coincidencia para los abogados del señalamiento con otros asuntos programados, y, ya el pasado año, en marzo y noviembre, por problemas de salud del magistrado.
La sesión se iniciará con la propia declaración del histórico político para el que el Ministerio Fiscal reclama una pena de tres años y medio de cárcel al considerar demostrado que se valió de 181.648 euros de las cuentas de Foro para abonar facturas de carácter privado.
Su representación legal, en cambio, defiende su absolución bajo la tesis de que Álvarez-Cascos era totalmente ajeno a la gestión de las finanzas de la formación regionalista.
La causa se abrió a raíz de la entrega por un particular hace justo dos años, en enero de 2023, de nueve cajas de documentación que incluían escrituras públicas, tacos de facturas y hasta contratos de alquiler. El Ministerio Público decidió, entonces, incoar diligencias de investigación para aclarar si de aquel gran volumen de documentos podían desprenderse indicios de la comisión de algún delito, como la apropiación, por la que ahora va a juicio, u otros como la administración desleal o corrupción en los negocios.
La Fiscalía entendió que Álvarez-Cascos habría introducido en su patrimonio y gastado en cuestiones de su vida personal más de 100.000 euros, cuando en un inicio se estimaba el montante en menos de 8.000.
Según el Ministerio Fiscal, cuando era presidente de Foro Asturias implantó una estructura de pagos que le permitió cargar facturas no vinculadas a su labor política ni a la formación. De ello se benefició –según esta– tanto el veterano dirigente político como su propia familia.
El partido que ayudó a fundar, que ejerce la acusación particular en el procedimiento, incrementa la cantidad de fondos de los que se habría apropiado hasta los casi 219.000 euros.
Entre los gastos a los que supuestamente hizo frente con los recursos económicos de Foro figuran la factura de los servicios prestados por un procurador en un proceso judicial anterior a la existencia del partido, estancias en hoteles, comidas y cenas en restaurantes, tickets de comida a domicilio, un videojuego, billetes de AVE, entradas para la Copa Davis y elementos domésticos como una cama completa, una moqueta, tapicería y visillos.
Paralelamente, recoge el escrito de la Fiscalía, gestionaba el exlíder de Foro una sociedad, cuya titular era su esposa, a través de la que firmaron en 2012 un contrato de alquiler «ficticio» de un piso y una plaza de garaje en el madrileño Paseo de La Castellana, por una renta mensual de 2.404 euros, que era de su propiedad, y lo hizo «a escondidas de la Comisión Directiva» del partido. Meses después, repitió el «modus operandi», siempre según el Ministerio Fiscal, y arrendó al partido asturiano otro despacho y dos plazas de garaje por 4.000 euros al mes hasta 2014.
Estas supuestas irregularidades fueron denunciadas con anterioridad por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en una querella interpuesta en junio de 2020. Moriyón se basó en una auditoría de los depósitos bancarios que encargó a raíz del batacazo en las autonómicas de 2019 y tras asumir el año anterior el liderazgo de Foro.
