La okupación es uno de los mayores problemas que afectan a la vivienda. Los juicios se demoran en exceso y se tarda en recuperar una casa o piso entre cuatro y nueve meses de media. Se trabaja en una nueva ley para agilizar los procesos, que Podemos quiere frenar. El pasado viernes se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia y se fijó su entrada en vigor para dentro de tres meses, concretamente, para el próximo 3 de abril. Esta ley, si entra en vigor finalmente, permitirá juzgar los casos de allanamiento y usurpación de morada en tan solo 15 días.
No está claro que llegue a entrar, ya que, si durante estos tres meses se apruebe una ley orgánica que la derogue, tal como reclamó Podemos al Gobierno, esto quedará en nada. Mientras el debate sigue abierto en la esfera política, los casos se siguen sucediendo en España. El último y uno de los más llamativos fue el que denunció en redes sociales Jordi Riera i Alsina este domingo.
Todo comenzó el día 3 de enero, según relató el propietario en sus redes sociales. Jordi recibió la llamada de un vecino de que había escuchado ruidos en el interior de su vivienda. Cuando acudió con su padre al lugar, ambos se encontraron lo siguiente: "Alguien había entrado con fuerza. El interior estaba dañado, con desechos y mantas por el suelo. Habían derribado la tapia que construimos hace unos meses después de otro intento de intrusión". Sin embargo, no había nadie dentro y decidieron llamar a un albañil para volver a tapiar.
Sucedió lo siguiente mientras esperaban al albañil: "Se presentó a un hombre de unos 35 años, bien vestido y con buen aspecto, que exigió entrar. Nos negamos, explicándole que aquella era nuestra propiedad y que se marchara". El individuo se marchó, pero fue un mero espejismo: "Volvió al poco rato con dos hombres más. Empezaron a amenazarnos, mientras nosotros, desde dentro, intentábamos mantener la calma. En este punto, decidimos llamar a la Policía. Municipal de Girona para pedir ayuda".
Jordi Riera explica que la Policía identificó a los okupas que estaban realizando amenazas: "La policía identificó a los tres individuos: llevaban teléfonos de alta gama, y dos se identificaron con pasaportes marroquíes (sin NIE). Un tercero tenía NIE y trabajaba. Uno de ellos tenía una causa penal pendiente". Sin embargo, para su sorpresa, la Policía les recomendó abandonar el piso porque había evidencias de que era la residencia de los intrusos, según cuenta Jordi.
Los indicios eran imágenes. Los okupas mostraron a los agentes "un vídeo grabado por ellos durmiendo entre mantas y cocinando en una casa sin gas, agua ni luz". Los propietarios se negaron rotundamente a salir, pero los agentes les advirtieron que de no marcharse podían ser acusados de violación de domicilio e incluso detenidos: "No dábamos crédito: estábamos siendo expulsados de nuestra casa por los okupas".
Acabaron saliendo y así describe cómo ocurrió Jordi: "Finalmente, la policía informó por radio que los propietarios ya entraban en razón y permitió la entrada a los intrusos. Cuando éstos atravesaron la puerta, se pusieron a aplaudir. La humillación fue máxima". "Esa misma noche, según los vecinos, se oyeron golpes y escombros dentro de la casa. Nos han informado de que incluso ha entrado más gente. Ahora mismo, no sabemos qué ocurre dentro de nuestra propiedad", explica en el siguiente mensaje del hilo en 'X'.
Se presentó una denuncia al día siguiente, pero el juzgado no había recibido el atestado policial 24 horas después del incidente. El día designado para procesar okupaciones es el miércoles, lo demora más el caso. La reacción de los vecinos ha sido de indiferencia o minimizando la situación con comentarios como: "Si no molestan, no será un problema". Ante esta situación, Jordi Riera explotó: "La ilusión de construir un hogar por nuestra familia se ha convertido en desesperación. La ley es ridícula y absurda, priorizando los derechos de los ocupantes por encima de los propietarios. Todo esto es incomprensible".
Se encuentra pendiente de que el caso se estudie como urgente o no. Pidió una ley justa e hizo un llamamiento en redes sociales para concluir su hilo: "Entendemos que pueden existir situaciones donde sea necesario proteger el derecho a la vivienda, pero la ley debería permitir un procedimiento expreso que, con pruebas reales, determine de manera clara y justa quién es el legítimo ocupante de un hogar". El medio 'El Gerió' de Girona informa lo siguiente: el alcalde Salellas asegura que la Policía Municipal ya ha tramitado el atestado en los juzgados y reclama cambios legislativos a raíz de la polémica ocupación de una casa en Girona.
