Entre el próximo miércoles y viernes se sentarán para declarar ante la jueza que instruye en Badajoz el «caso David Sánchez» trabajadores y altos cargos socialistas de la Diputación pacense; el propio hermano del presidente del Gobierno; el presidente del organismo provincial, Miguel Ángel Gallardo, también secretario general del PSOE extremeño, y los funcionarios de Hacienda que no vieron irregularidades en la situación fiscal del músico imputado.
La primera jornada de comparecencias de testigos –las de los tres directores, antiguos y actuales, de conservatorios de Badajoz–, es para las fuentes conocedoras de la causa, consultadas por LA RAZÓN, la más importante porque «será en la que se dilucide» si acaba habiendo juicio en torno a las sospechas de prevaricación en la contratación y las irregularidades en el desempeño laboral del único hermano de Pedro Sánchez.
El primero de los citados es, para estas fuentes, el «testigo clave». Se trata de Evaristo Valentí, que fue director del conservatorio superior de Badajoz hasta 2020, y al que, como refleja el informe de la UCO, una de las imputadas, Elisa Moriano, entonces directora del área de cultura de la Diputación, señaló como quien «propuso» la creación del cargo de coordinador de actividades que después ocupó el hermano del líder del PSOE.
Cuando, evidenciaron los agentes, el puesto dependía de forma directa de ella y en los correos interceptados se ve que Valentí no decidió sobre su creación ad hoc y le trasladó sus dudas.
Las preguntas que hacerles, por lo que ha indicado el rastro de las pesquisas policiales y la instrucción, son, trasladan estas fuentes, «en qué ha beneficiado la existencia de un coordinador», «qué trabajo real realizó» David Sánchez y «cuántas veces le han visto o se han reunido con él», dado que teóricamente teletrabaja desde Portugal. La clave está en aclarar «si ha trabajado, o no, a cambio de un salario»
Asimismo, se pondrá el foco en el sistema de control horario de los empleados, si estos empleados «fichan o no», «desde» cuándo o cuándo «dejaron» de hacerlo, para compararlo con la no existencia de registros horarios del hermano del líder socialista. Formalmente no había hasta el pasado junio una normativa interna específica que regulase la necesidad de fichaje en la Diputación pacense en el desempeño diario y que ahora está establecido como no obligatorio.
A los directores de conservatorios les seguirán, también como testigos, tres peritos de la Agencia Tributaria que elaboraron el informe que descartó que el hermano del jefe del Ejecutivo cometiese algún delito fiscal, como se investiga.
Se les cuestionará, trasladan a este diario, a modo de comparación, si «en casos similares» a nivel tributario de personas con la residencia fiscal en el extranjero, pero con el centro de intereses económicos en España, se les ofrece «el mismo tratamiento».
Y «por qué» el informe se entregó a la jueza en un primer momento «sin firma» de los autores, y si «alguien» ordenó que así se hiciese.
Se espera que las preguntas de la acusación popular, que encabeza el letrado José María Bueno en nombre de Manos Limpias, Hazte Oír, Vox, PP, Abogados Cristianos y Liberum, vayan por ahí, aunque no se descarta que, al estar pendiente de resolución el recurso contra las citaciones presentado por las defensas y la propia Fiscalía, los imputados decidan no declarar en bloque a la espera de que sea resuelto en la Audiencia Provincial pacense y por si acaba siendo anulada la comparecencia a la que están convocados.
