Aunque no lo pueda parecer, el año que acaba de comenzar es clave para el campo europeo, incluido el español, porque durante los próximos doce meses en Bruselas se van a sentar las bases de lo que será el presupuesto de la UE durante el periodo 2028-34, incluido el dinero que se destinará a financiar la PAC y, en consecuencia, sobre la magnitud de la reforma de esta política.
Y es que la Comisión Europea comenzará sus trabajos para preparar la propuesta sobre el Marco Financiero de la UE 2028-34 y también se elaborarán los borradores de la PAC del futuro, que debería entrar en vigor a partir de 2028.
De hecho, el comisario de Agricultura, el luxemburgués Hansen, tiene previsto ofrecer sus primeras ideas sobre la nueva PAC el 19 de febrero cuando presente su «Visión sobre la Agricultura y la Alimentación».
Y estos dos procesos, el presupuestario y el de la PAC, que son muy importantes para las intereses españoles, ya que nuestro país es el segundo Estado miembro más beneficiado por el gasto agrario de Bruselas, se inician sin que haya compatriotas en los gabinetes de los comisarios encargados de Presupuestos y de Agricultura.
Y este es un detalle importante a tener en cuenta porque es en esos gabinetes y en los servicios correspondientes de la Comisión Europea, como son las direcciones generales de Presupuestos y de Agricultura, donde se comienzan a preparar los primeros papeles.
Tampoco hay españoles, salvo cambios de última hora, en el gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, ni en el del comisario encargado de Comercio, que tiene entre sus misiones negociar con países terceros acuerdos comerciales, cuya factura suele terminar pagando el sector agrario de la UE, que cada vez tiene más dificultades para competir con las mercancías que llegan del exterior.
Y justo alrededor de este punto giran las protestas de los agricultores y ganaderos de la Unión Europea (UE), debido a las concesiones que se hacen desde Bruselas. Ahí es donde surge el asunto de Mercosur, que ha estado en las primeras páginas de los medios informativos comunitarios durante las últimas semanas de 2024.
El pacto con este bloque, anunciado por la propia presidenta de la Comisión Europea, ha desatado las iras de una parte del campo de la UE y de algunos estados miembros, como Francia, Polonia, Austria o los Países Bajos, que rechazan las concesiones en el capítulo agrícola a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que son potencias agrarias en sectores como los cereales, las oleaginosas o el vacuno de carne. Durante este año 2025 el asunto va a estar de plena actualidad y hay muchas dudas sobre lo que sucederá durante el proceso de ratificación.
Por otro lado, hay muchas expectativas sobre el nuevo comisario de Agricultura, que ha sido muy bien recibido por el sector agrario ya que procede del mismo, conoce los problemas que tiene y también ha sido eurodiputado en varias legislaturas en comisiones parlamentarias relacionadas con los problemas del campo.
En la pasada legislatura, marcada por las prioridades medioambientales, el comisario de Agricultura ni pinchó ni cortó y careció de peso político en Bruselas. El sector espera que no vuelva a suceder lo mismo.
En esta legislatura el luxemburgués Hansen tendrá que lidiar, no solo con los asuntos de la PAC, sino que deberá pelear con sus colegas para lograr más dinero para la PAC en la negociación presupuestaria y, además, rebajar las exigencias medioambientales y conseguir que se tengan en cuenta los intereses del campo en las negociaciones de carácter comercial.
Mientras tanto, en España, habrá que prestar atención para ver si continúan las movilizaciones en estas primeras semanas del año, que suelen ser las más propicias para la organización de protestas. Entre los asuntos pendientes destaca la reforma en profundidad del sistema de seguros agrarios, que es una de las principales reivindicaciones de las organizaciones agrarias.
Durante el pasado año se han multiplicado las quejas de los agricultores y ganaderos por las imposiciones del monopolio de hecho Agroseguro, que se resumen en dos puntos: incremento del coste de las primas en todas las líneas, por un lado, y recortes en las coberturas, por otro, y todo ello con la complicidad del Ministerio de Agricultura a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) que es la encargada de vigilar las actuaciones de Agroseguro.
El no funcionamiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria es otro de los asuntos a los que será necesario prestar atención.
