El Senado, con mayoría absoluta del PP, ha tomado esta legislatura más relevancia que nunca porque se ha convertido en un dique de contención contra la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez. La Cámara Alta ha plantado cara al Ejecutivo y ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, con diversos pleitos ahora mismo pendientes. En este marco, el Senado ha reforzado el área jurídica con el nombramiento de la letrada María Lacambra como jefa del Departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría General. La dirección está comandada por Javier de Piniés, quien forma parte del grupo de letrados que ha «huido» del Congreso al Senado durante esta legislatura tan cargada de tensión.
En este sentido, el área jurídica del Senado tiene ahora mucha carga de trabajo ante los atropellos del Gobierno y del Congreso, controlado por el PSOE. La amnistía es la carpeta que más ruido ha hecho a lo largo del último año, pero no es la única que afecta directa o indirectamente al Senado: también están la Ley que libera a etarras y la reforma legislativa del Gobierno para «vaciar» de competencias a la Cámara Alta quitándole la capacidad de veto a los Presupuestos.
El Senado ha armado una buena área jurídica en esta legislatura, con Sara Sieira y Paloma Martínez al frente. De hecho, Martínez ha estado durante muchos años en el área jurídica del Congreso y, según explican fuentes parlamentarias, es conocida en el cuerpo de letrados por su solidez ya que es prácticamente «inexpugnable»: una de las victorias más recordadas es contra el Gobierno de Mariano Rajoy ante el TC por estar meses sin someterse a las sesiones de control cuando estuvo en funciones en 2016.
El nombramiento de Lacambra se produce porque la plaza estaba vacía, pero es significativo que se dé en la antesala de un 2025 cargado en el Tribunal Constitucional por los distintos pleitos que tiene que resolver y los que pueden seguir surgiendo ya que en el Senado, controlado por la mayoría del PP, están descontentos con las trabas que está poniendo el Gobierno a la Comisión de Investigación del «caso Koldo» y eso podría deparar más situaciones de conflicto.
De momento, el principal pleito, aunque no el único, es el de la amnistía, que probablemente se dirima este primer semestre de 2025. El Senado planteó un conflicto de atribuciones para acudir al TC, pero acabó paralizado a mitad de su recorrido. No obstante, la Cámara Alta ha entrado en el pleito a través de las cuestiones de inconstitucionalidad que han presentado los tribunales: en total, se han impulsado cuatro (una desde el Supremo y tres desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña). En el marco de esas cuatro cuestiones de inconstitucionalidad, el Senado ha presentado alegaciones en dos. Ni el Congreso ni el Senado suelen presentar alegaciones ante cuestiones o recursos de inconstitucionalidad y se limitan a ofrecer colaboración con el órgano de garantías, pero, en este caso, la Cámara Alta sí que ha querido posicionarse al respecto con un escrito muy crítico contra la Cámara Baja por la tramitación parlamentaria.
El Senado también ha presentado un conflicto de atribuciones contra la Ley del Gobierno que libera a etarras porque considera que el Congreso se saltó una votación y envío precipitadamente la norma al BOE para que entrara en vigor. El Senado había rechazado esa norma por mayoría absoluta y se suscitó la duda de si eso equivalía a un veto o no: para la Cámara Alta, presidida por Pedro Rollán, sí, pero para la Cámara comandada por Francina Armengol, no. Y eso se va a acabar dirimiendo en el Tribunal Constitucional.
Finalmente, el PP recurrió ante el TC la supresión del veto a los Presupuestos y el órgano de garantías ha admitido a trámite ese recurso para evitar que el Senado se quede sin la posibilidad de tumbar la senda de déficit y bloquear las Cuentas. No obstante, ante los recursos de los grupos parlamentarios, el Senado también puede pronunciarse y presentar un escrito de alegaciones.
