La agilización de los desahucios en casos de 'okupación' con allanamiento de morada ya tiene una fecha concreta. Este viernes la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha fijado su entrada en vigor para dentro de tres meses, concretamente, para el próximo 3 de abril, y será entonces cuando pueda aplicarse la agilización de estos desahucios ante este tipo de delitos.
De esta manera, se podrá aplicar la agilización de los desalojos en quince días en casos de 'okupación' con allanamiento a partir de entonces, a excepción de que durante estos tres meses se apruebe una ley orgánica que la derogue, tal como reclamó Podemos al Gobierno.
Anteriormente y hasta ahora, la mayoría de los procesos de desahucio tenían una duración de entre cuatro y nueve meses. Esto se puede dilatar mucho más, superando incluso los dos años, si el okupa es vulnerable, ya que el Real Decreto Ley 11/2020, prorrogado recientemente por el Gobierno hasta finales de 2025, impide el desalojo de personas en estado de vulnerabilidad sin otro hogar.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fue propuesta por el PNV y consistía en modificar el artículo 795.1 de dicha norma añadiendo los delitos de usurpación de morada, tipificados en el artículo 245 del Código Penal, y de allanamiento de morada, en el artículo 202 del CP; para que estos pasen a tramitarse en los juicios de procedimiento abreviado, en un plazo máximo de quince días.
La enmienda del PNV contó con el apoyo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria; además de, inesperadamente, Bildu y ERC, que, tras la aprobación de la reforma, aseguraron que se trataba de un error. Tanto el PSOE como Sumar, así como Podemos, votaron en contra. Vox, por su parte, se abstuvo debido a que consideraban "insuficientes" estas medidas.
De este modo, con la reciente publicación del BOE, a partir del 3 de abril se aplicará la agilización de estos desahucios en este tipo de situaciones.
Después de la aprobación de la modificación de la ley, Podemos anunció que el Gobierno se comprometió a derogar este cambio legal. Esto implicaría que, en los próximos tres meses, el Ejecutivo impulsara una nueva ley orgánica para corregir la modificación. Sin embargo, esta iniciativa no cuenta con el respaldo de formaciones como el PNV, Junts, PP y Vox.
El PNV ya expresó su malestar con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que planteó la posibilidad de anular dicha reforma. Aitor Esteban, portavoz del PNV, aclaró que su propuesta está enfocada exclusivamente en facilitar el desalojo de okupas que hayan entrado ilegalmente en una propiedad ajena, y aseguró que no guarda ningún tipo de relación con la situación de familias vulnerables que no pueden afrontar el pago de un alquiler.
El desalojo exprés de viviendas ocupadas comienza con la presentación de una demanda en el juzgado, respaldada por un abogado, un procurador y documentos que acrediten la propiedad. Si los ocupantes no justifican su derecho a estar en la vivienda en cinco días, el tribunal dicta una orden de desalojo y fija una fecha para ejecutarlo.
La nueva normativa permite que los delitos de allanamiento y usurpación se tramiten como juicios rápidos, resolviéndose en unos 15 días. Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio del Interior, este tipo de delitos solamente suponen el 5% de 17.000 denuncias por ocupaciones ilegales que se produjeron en 2023. Los casos de 'inquiokupación', donde inquilinos dejan de pagar pero no abandonan la propiedad, quedan fuera de esta regulación.
