La asociación mayoritaria de jueces tiene claro que la nueva Ley de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia, impulsada por el Gobierno y que se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado tras ser aprobada por el Congreso, "viene a cambiar la forma de trabajar en la primera línea judicial" y "avecina un caos".
Así lo traslada, preocupada, a LA RAZÓN la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, que advierte de que la reforma en nuestra Justicia que hará principalmente desaparecer los Juzgados de Instrucción para que pasen a ser Tribunales de Instancia será "un desastre" en muchos partidos judiciales al no venir acompañada de dotación económica y presupuestaria para su implantación.
Adelanta que los que menos lo notarán la mayoría de partidos judiciales únicos, que "solo tendrán que cambiar" la denominación de su sede judicial y inaugurar una oficina de servicios comunes para la tramitación de los asuntos.
"Sin recursos lo que se plantea en el texto no es posible", explica este diario, y deja claro que lamenta que a partir de ahora, pese a que ya ocurría, habrá más aún una "Justicia diferente en función de dónde presentes una denuncia o demanda".
Esta "diferente organización" para los tribunales considera Del Barco que viene a "agravar" la descentralización de las competencias en los partidos judiciales que "funcionan mejor" y, con este cambio, irán "a peor" y quedará en una situación más delicada el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Preocupa especialmente a la APM, agrupación considerada conservadora en el mundo judicial, el colapso que instalará en las instancias que se encargan de la violencia de género, que ahora asumen también la competencia sobre los delitos sexuales, lo que se traducirá en "más asuntos" al introducir entre sus ocupaciones "una materia con cada vez más denuncias".
Hasta ahora estos Juzgados ya "estaban hasta arriba de trabajo" con magistrados, fiscales y funcionarios en una "guardia permanente" dado que lo normal es que lleguen detenidos todos los días o se tenga que dar salida a solicitudes de protección.
Una de las consecuencias que señala es que acabe suponiendo para las víctimas "una respuesta más tardía y menor protección" por parte de los órganos judiciales.
Un cambio de modelo unipersonal con un único juez titular a uno colegiado de varios sobre el que la portavoz de esta asociación mayoritaria recuerda que "no es una idea nueva, se lleva hablando desde la época de (Alberto) Ruiz-Gallardón", titular de Justicia en el primer Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2014).
Será eso sí, explica esta jueza en conversación con este diario, que "es más barato" para el Ejecutivo de Pedro Sánchez contratar a más compañeros y no tener que crear nuevos Juzgados, pero la mala noticia -apunta- es que "diluye las competencias del juez en el conjunto y lo arrincona".
Lo que es una buena noticia, aunque matiza Del Barco que no será una "solución a corto plazo", es la profundización en mecanismos de mediación que ahora serán paso previo obligatorio antes de ir a juicio. Sobre todo para materia de familia porque, ejemplifica, "no es normal que estemos diciendo qué vestido de comunicación tiene que llevar la niña o si tiene que comer o no gambas", como recuerda que hoy ocurre.
Habrá que ver, indica en nombre de la APM, si estas labores de resolución alternativa de los conflictos acabando calando en nuestra sociedad con el paso de los años porque en la actualidad no cree "que exista una concienciación" sobre la efectividad de esta vía. "No podemos ser tan optimistas de pensar que vayan a resolver ya la carga que hay en los Juzgados".
