Pese a las reticencias de las asociaciones judiciales, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la controvertida ley de eficiencia de la Justicia de Félix Bolaños. Una norma que, según el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes hará posible un servicio "más rápido, más cercano y más barato".
Hay que recordar, que el pasado 19 de diciembre, el Gobierno salvaba en el último momento una nueva derrota parlamentaria gracias a Podemos, que apoyó finalmente ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia promovida por el ministerio de Bolaños. Los morados llegaban a un acuerdo con el Gobierno para dejar en suspenso la enmienda "antiokupa" del PNV, introducir medidas "antidesahucios" y prorrogar medio año más las ayudas al transporte.
En un real decreto de 272 páginas se explica que esta norma entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE. Es decir, el próximo 3 de abril de 2025. No obstante, hay varias disposiciones adicionales de la ley que entrarán en vigor a los 20 días, mientras que la atribución de competencias en materia de violencia sexual a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer entrará en vigor a los nueve meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Tras su publicación en el BOE, el titular de Justicia ha querido sacar pecho de su propuesta estrella y ha explicado a Efe que esta norma "permite dotar de agilidad a los juzgados para que se puedan destinar más recursos a resolver con mayor rapidez procedimientos judiciales". ¿Su objetivo? ofrecer medidas alternativas de solución de conflictos, con el objetivo de que no lleguen tantos asuntos a los tribunales.
Y ve como fundamental la creación a través de esta ley los Tribunales de Instancia, lo que conlleva la desaparición de los órganos unipersonales. Por tanto, con esta nueva figura se podrá "repartir la carga de trabajo de manera más eficiente y más racional entre los distintos juzgados", indica Bolaños. Desde las asociaciones judiciales ya han mostrado sus dudas sobre estos tribunales de instancia y su implementación en el sistema actual.
Porque, a juicio del ministro, esto permitirá ver qué secciones de ese Tribunal de Instancia están más sobrecargadas de trabajo y derivar asuntos "a otras secciones, a otros jueces, a otros magistrados que lo puedan sacar adelante. "Vamos a poder repartir mejor las cargas de trabajo y, por tanto, va a haber resoluciones judiciales en menos tiempo", matiza.
En definitiva, cuando los ciudadanos tengan que hacer uso de la Justicia se van a encontrar con un servicio "más ágil, más cercano y más eficiente", sostiene Bolaños, que ha convertido esa frase en su lema.
Por parte de las asociaciones judiciales, se han mostrado muy escépticos con esta norma, ya que consideran que el Ejecutivo sólo busca "ahorrar dinero" e inversiones en la Justicia. Así, el ministro dejaba claro en su entrevista a Efe que no será necesario crear juzgados. "Podemos destinar jueces y magistrados a los Tribunales de Instancia sin necesidad de crear toda la infraestructura que conlleva el juzgado", cuyo coste Bolaños cifra en unos 400.000 euros.
"Con lo que antes nos gastábamos en un juzgado, ahora vamos a poder destinar cinco o seis jueces a hacer esa misma labor. Esto va a suponer más resoluciones judiciales, más sentencias, más autos, más providencias y en menos tiempo", subraya.
Y más allá del polémico tema de la inversión, Bolaños destaca la creación de una Oficina Municipal de Justicia. "Es tanto como haber abierto un juzgado en cada municipio de nuestro país, por pequeño que sea", pero ahorrándote esos 400.000 euros.
Ahora, insiste, todo se va a poder hacer desde el municipio de cada ciudadano. "Da igual que vivas en una gran ciudad o en un municipio pequeño. Vas a poder hacer tus gestiones judiciales allí donde vives gracias a la digitalización y gracias a la oficina judicial".
Y fiel a su lema de "cercano, rápido y barato", Bolaños reitera que los "trámites que hoy tardan meses en evacuarse, con las nuevas leyes de eficiencia y de digitalización de la Justicia se pueden hacer en horas. Lo que antes se tardaba meses, ahora vamos a poder hacer trámites procesales en horas".
En cuanto a las medidas alternativas de solución de conflictos, Bolaños cree que es necesario hacer "mucha pedagogía" para fomentar la cultura del acuerdo y del pacto para que los abogados y abogadas eviten llevar litigios a los tribunales y juzgados. "Estamos poniendo las bases de la justicia del siglo XXI, que tiene que ser una justicia digital, moderna, ágil, cercana y flexible", insiste.
Bolaños sostiene que esta es, "con diferencia", la ley más importante para el servicio público de la Justicia en décadas. Será implementada a los largo de este 2025 y "aborda los grandes problemas de congestión y de colapso de la Justicia española".
