El Gobierno encara este 2025 con el reto de rearmar la mayoría de la investidura para dar viabilidad a la legislatura a través de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Pedro Sánchez se asomó al abismo del colapso de su aritmética parlamentaria el pasado 18 de noviembre cuando el pacto fiscal estuvo a punto de naufragar en el Congreso. Para fuentes gubernamentales consultadas por este diario este y no otro fue el verdadero punto de inflexión y, la capacidad de todos los actores implicados para salir indemnes del brete proyectó que, pese a las dificultades y los apuros que se haga pasar al Ejecutivo por sus socios, a día de hoy no existe una mayoría alternativa.
Enero se antoja un mes clave para encarrilar la negociación presupuestaria. Así lo entienden en Moncloa, donde una vez superados los procesos orgánicos de ERC y Junts, sin cambios en los liderazgos, comienzan a poner las cartas encima de la mesa e iniciar formalmente las conversaciones. El último Consejo de Ministros de 2024 ya se deshizo en gestos con todos los aliados parlamentarios, una manera de ir abonando el terreno para la negociación que se pretende retomar estrenado el año y comenzarlo sin compromisos pendientes. En esta reunión, el Gobierno aprobó la prórroga de las bonificaciones al transporte público, la prohibición del corte suministros básicos a las familias vulnerables o el impuesto a las energéticas.
Además, se procedió a la desclasificación de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativos a los atentados yihadistas del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, tradicional demanda de Junts en el marco de la comisión de investigación parlamentaria; se procedió al nombramientos de nuevos consejeros en la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, con adscripción a Junts y el PNV; y se restituyó a los jeltzales el edificio del Instituto Cervantes en París, otra histórica reivindicación de los nacionalistas vascos, que pasarán ahora a detentar la propiedad del edificio que fue sede del gobierno vasco en el exilio.
Además de esta serie de guiños a los socios, el Ejecutivo tiene previsto culminar la cesión de las competencias que le pide Junts, una palanca para desbloquear también la reforma de la ley de Extranjería. Enero será también cuando se convoque la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tratará la quita de la deuda autonómica. Esta lluvia de millones, que Sánchez anunció en la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander, pretende cumplir el compromiso de condonar una parte de la deuda de Cataluña con el Estado, de 15.000 millones de euros, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Pero también hacer extensible este "perdón" a otras autonomías del PP, con el fin de fisurar la estrategia de Génova.
En clave netamente presupuestaria, el Gobierno prevé asumir también las negociaciones para alumbrar el techo de gasto, después de que Junts lo tumbara el pasado mes de julio, exigiendo su rediseño. Hacienda hizo un amago en septiembre de volver a llevarlo al Congreso, pero acabó por suspender la votación para alcanzar un acuerdo con los de Carles Puigdemont. Ahora se prevé retomar estas conversaciones con el horizonte de poder sacar adelante el acuerdo a finales de enero o principios de febrero y ya entonces encarar la negociación de las cuentas públicas para poder alumbrarlas como pronto en el primer trimestre del año o ya en abril.
La foto con Puigdemont
Como parte de estos gestos con Junts para desbloquear la negociación, se prevé también avanzar en una de las exigencias del expresidente, su rehabilitación política -la "amnistía política"- y Sánchez ya ha puesto en marcha la maquinaria para normalizar una foto con Carles Puigdemont, que también se haría extensiva al líder de ERC, Oriol Junqueras. En Moncloa se abren a que el encuentro se produzca antes de su regreso, esto es, que se celebre fuera de España, pero sí que dejan claro que un movimiento tan simbólico tiene que servir para rubricar un acuerdo presupuestario que suponga dar viabilidad a la legislatura.
