La crisis sanitaria en los centros penitenciarios españoles se agrava cada día y muestra la «falta de acción» del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska. Así se desprende de la moción presentada por la senadora del Partido Popular Mari Mar Blanco ante la comisión de Interior del Senado en la que advierte de que más del 60% del personal médico penitenciario está sin cubrir. Por ello, los populares urgen a Marlaska a cubrir esas vacantes.
Denuncian que, de los 500 médicos necesarios para atender a los más de 56.000 reclusos, faltan 380 plazas por cubrir, según denuncia la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) y los sindicatos de prisiones como ACAIP-UGT. Destacan cómo esto ha provocado que 43.000 internos reciban una atención médica «deficiente», poniendo en riesgo su salud y con ella la de la población en general.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, asegura que la «sanidad penitenciaria está en la UVI y Marlaska sigue sin ponerse manos a la obra» al tiempo que critica el hecho de que, a pesar de la «grave situación» no se han destinado los recursos suficientes.
La SESP ha señalado las desigualdades graves en la atención médica entre las prisiones de comunidades con competencias transferidas (País Vasco, Cataluña, Navarra) y las gestionadas por el Estado, donde la situación ha empeorado. Esta desigualdad, precisa, «vulnera el principio de igualdad constitucional, que debe garantizar el mismo acceso a servicios sanitarios a todos los reclusos». Asociaciones de derechos humanos, como Apdha, y el Defensor del Pueblo, en su Informe Anual 2022, denunciaba también la falta de personal sanitario y la desigualdad en la atención, algo que afecta tanto a la salud como a los derechos de los internos.
En concreto, el sindicato Acaip-UGT ha advertido de que la falta de personal médico no solo afecta a la atención sanitaria, sino también a la «seguridad dentro de los centros penitenciarios». Prueba de ello es que gran parte de la población reclusa tiene problemas de adicción o trastornos psiquiátricos, y muchos no reciben el tratamiento adecuado. Por ejemplo, en la prisión de Zaballa «500 de los 800 internos están en tratamiento por consumo de drogas, y más del 70% de los internos son fumadores, muchos con adicciones graves, lo que aumenta los riesgos».
El Grupo Popular en el Senado denuncia que a pesar de esta situación «grave», Interior no ha destinado los recursos suficientes para atraer personal médico lo que ha llevado a una «baja reposición de médicos jubilados y una alta rotación de los pocos que trabajan en las prisiones debido a las malas condiciones laborales». Asimismo, alertan del hecho de que, «en algunos casos, un solo médico se ve obligado a atender a más de 500 reclusos, lo que resulta claramente insostenible».
Ante esta realidad, el PP insta aprobar en la Comisión de Interior del Senado una serie de medidas que van desde conseguir un aumento de la plantilla médica cubriendo las vacantes actuales en los centros penitenciarios, garantizar la igualdad en la atención sanitaria, sin diferencias entre prisiones con competencias transferidas y estatales; mejorar las condiciones laborales del personal médico para atraer y retener profesionales o implementar programas de tratamiento para reclusos con adicciones y trastornos psiquiátricos.
García destaca cómo «esta iniciativa refleja una política centrada en las personas, en sus derechos y en la dignidad que todo ciudadano español debe recibir por pare de las instituciones públicas» así como «el compromiso de los populares».
