La izquierda mediática sincronizada no para de aludir a una presunta ideologización derechista de los jueces para amparar las corruptelas y desmanes del Gobierno y sus alianzas. El mensaje es claro: no hay ministros ni dirigentes corruptos o implicados en casos delictivos, sino jueces de derechas que les persiguen por el hecho de ser de izquierdas o independentistas. De manera que, si se abre una investigación contra la esposa o el hermano de Pedro Sánchez, por ejemplo, no es porque ambos hayan podido incurrir en actividades no acordes con la ley, sino por culpa de unos magistrados fascistas aliados con el PP y Vox para derribar al Gobierno. Teoría según la cual cualquier dirigente izquierdista o indepe, estaría siempre blindado en su ejecutoria, sea esta del tipo que sea, pues abrirles un procedimiento se ha de considerar inevitablemente ideológico, nunca motivado por haber podido incurrir en comportamientos reprochables, como cualquier ciudadano.
Es lo que inventó la izquierda latinoamericana en Venezuela y Argentina para acabar con la independencia del poder judicial y garantizarse la impunidad. El «lawfare» aireado aquí por Puigdemont para exigir la amnistía a los golpistas del «procés», al entender que lo que ellos hicieron (declarar la independencia de Cataluña malversando fondos públicos para lograrlo) no era delito y los togados deberían haber mirado si más para otro lado.
La guerra sucia contra la Justicia está en marcha y su fin es dirigir políticamente los tribunales, como ya ocurre de hecho con el Tribunal Constitucional de Pumpido, prostituido en sus funciones al convertirse en brazo armado del Gobierno para resolver asuntos de todo tipo, incluso aquellos que no son de su competencia. El objetivo de deslegitimar, señalar y acosar a los magistrados está claro, y por eso saca frecuentemente a relucir la izquierda el hecho de que «hubo jueces que se manifestaron con sus togas en las puertas de los juzgados contra la ley de amnistía», ocultando que la realidad de aquellas manifestaciones es que eran contra el «lawfare» acordado entre el Gobierno y Puigdemont para eximir a los indepes de sus delitos, acusando a los tribunales de haberles condenado sin razón, apenas por animadversión ideológica. Tal planteamiento, comprado por Sánchez al huido para seguir en Moncloa, ha sido asumido como propio por el jefe del Gobierno, igual que por sus ministros y aliados, para salvar los diferentes procedimientos judiciales que les afectan. Vamos, que según el «Frankenstein», los jueces solo pueden y deben investigar a la derecha, pues cualquier diligencia contra la izquierda o los separatistas está ideologizada y ha de ser deslegitimada. Ergo la derecha es corrupta, aunque no lo sea, y la izquierda nunca delinque, aunque desaparezcan los 680 millones del PER y los puigdemones detraigan dinero público para hacer lo que les venga en gana. Parece un episodio de Kafka, pero es tan real como que Sánchez lleva seis años gobernando y queriendo acaparar todo el poder, pese a ser el presidente con menos apoyo electoral de la historia reciente de España. O tal vez por eso mismo. También por la bula que tiene en Europa, donde Von der Leyen le permite todo lo que reprocha a Orban, desconocemos por qué motivo.
Una situación de gravedad extrema que el CGPJ debe encarar en la apertura del año judicial. Mirar para otro lado, como pretenden ciertos representantes de las asociaciones progresistas, sería como aplaudir esta tarea de guerra sucia contra nuestros togados, cuya identidad es aireada y señalada, con nombres y apellidos, en el Congreso de los Diputados tanto por Junts como por Podemos, con la aquiescencia insólita de la presidenta socialista de la Cámara y el asentimiento del mismísimo ministro de Justicia, Felix Bolaños.
