Comienza un nuevo año y las reivindicaciones policiales para el año 2025 siguen sin avances de consideración por parte del Ejecutivo. Un gobierno que no deja de poner trabas en el camino, auspiciado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Así, las reclamaciones sindicales están centradas, una vez más, en mejorar las condiciones laborales, salariales y operativas de los agentes que trabajan a diario por la seguridad de los ciudadanos.
Desde el sindicato policial JUPOL, su secretario general, Aarón Rivero, ha subrayado que "las demandas del sindicato son una respuesta a la falta de soluciones concretas por parte de las administraciones en años anteriores y buscan garantizar una Policía Nacional digna, moderna y eficaz".
En este sentido, recuerda que la equiparación salarial y la jubilación digna de los policías nacionales son "derechos irrenunciables" y nuevamente suponen las principales prioridades de este sindicato para 2025. "Es inaceptable que los agentes de la Policía Nacional sigamos percibiendo un salario inferior por realizar las mismas funciones y asumir riesgos similares", destacó Rivero.
Desde este sindicato insisten en la necesidad de consumar la "equiparación real" y acabar con "una injusticia que se mantienen desde hace más de 30 años". Así, señalan que "no vamos a dejar de luchar hasta conseguir lo que es justo para todos los policías nacionales". Porque su máxima ha sido siempre la misma: a mismo trabajo, mismo salario e igual jubilación. Pero, a su juicio, para poder conseguirlo es necesaria voluntad política de un Gobierno que quiera cumplir realmente con la igualdad entre cuerpos policiales.
En este punto, esperan que este año se produzca una apertura por parte del ministro del Interior y su equipo, y que al contrario que lo ocurrido años atrás, se mantenga una actitud de diálogo y colaboración con las organizaciones representativas de los policías nacionales. Una petición que hacen extensiva a todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. Para ello, consideran imprescindible plantear de nuevo "una auditoría que cuantifique de manera real las diferencias salariales existentes, impulsar una ley que garantice que no se vuelvan a producir desigualdades y afrontar las cinco brechas salariales que actualmente existen entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas".
Por otro lado, JUPOL recuerda su lucha por conseguir una jubilación digna y la equiparación salarial real para todos los compañeros. Una lucha agravada por el "ostracismo en el que nos había metido el Gobierno y que se ha hecho insostenible con Marlaska".
Por todo ello, considera de justicia que los policías nacionales se puedan jubilar en las mismas condiciones que el resto de las policías españolas, a los 59 años y con las mismas condiciones económicas que el resto de cuerpos policiales. Las actuales condiciones de jubilación de los policías nacionales suponen "un desprecio más y una situación de agravio comparativo con respecto al resto de los funcionarios de las policías locales y autonómicas", denuncian desde este sindicato.
En 2024, JUPOL abrió una nueva vía para la reclamación de la actualización de las dietas en la Policía Nacional. Un camino que nos ha llevado a que el Tribunal Supremo admita a trámite la demanda de este sindicato contra el Gobierno de España por no haber revisado periódicamente el importe de las indemnizaciones establecidas en los anexos II, dietas en territorio nacional, y IV, asistencias por participación en tribunales de oposición o concurso u otros órganos encargados de personal, del Real Decreto 462/2022, de 24 de mayo.
En su demanda, aseguraban que las dietas establecidas para los policías nacionales se fijaron en el año 2002 y desde entonces solo se ha hecho una revisión de las mismas en el año 2005, lo que a día de hoy supone una importante pérdida de poder adquisitivo para los policías nacionales, ya que desde el año 2005 hasta hoy, el incremento del IPC ha sido del 51,8% y, más en concreto, el incremento del IPC en hoteles y restauración ha sido del 61,2%.
Ante esta situación, el sindicato denunció que "resulta manifiesto que la Administración viene incurriendo en inactividad desde hace 19 años, al no cumplir con la obligación reglamentaria de revisar periódicamente -mediante Acuerdo del Consejo de Ministros - el contenido del Real Decreto 462/2002, en lo relativo a las cuantías de las dietas en territorio nacional, a pesar de que los precios de restauración y hoteles se han incrementado un 61%".
Este escenario, según ha manifestado JUPOL, "está provocando un profundo malestar en los agentes de la Policía Nacional, especialmente en los que prestan servicio en unidades que requieren desplazamientos continuados por el territorio nacional". Los agentes, reiteran, "son incapaces de sufragar sus gastos de alojamiento y manutención con la cuantía establecida en la actualidad, debiendo sufragar en ocasiones gastos de desplazamiento de su presupuesto personal".
Otro de los escollos por solucionar, es la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Una reforma que ya intentó el Gobierno en la anterior legislatura y que quedó paralizada tras las presiones sindicales. Sin embargo, el Ejecutivo ha vuelto a la carga esta legislatura.
Desde JUPOL denuncian que esta reforma se está llevando a cabo sin tener en cuenta la opinión de los profesionales de la seguridad ciudadana, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los juristas. "Una reforma que tenemos claro que hará de España un país más inseguro. La reforma planteada por el Gobierno nos genera muchos problemas para la seguridad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como para todos los ciudadanos. Pone en riesgo la integridad física de nuestros agentes y de sus familias".
Así, insisten en que "la reforma propuesta por este Gobierno solo beneficia a los delincuentes y a los manifestantes violentos, y, por otro lado, no protege a los ciudadanos porque parte de la concepción de una policía corrupta y desfasada, percepción trasnochada e irreal ya que somos una de las instituciones más valoradas por la sociedad española, y muy respetada internacionalmente".
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana deja a los pies de los caballos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los que se les resta autoridad, se les quitan medios para poder frenar de forma efectiva los brotes de violencia y les elimina el derecho a la intimidad, aseveran.
Desde JUPOL aseguran que durante 2025 mantendrán también sus reivindicaciones en otros aspectos que afectan a los policías nacionales como es el incremento de recursos humanos y materiales. Por ello, exigen un aumento significativo en la plantilla y una actualización del Catálogo de Puestos de Trabajo para paliar el déficit crónico de efectivos, así como una renovación integral del material operativo y los vehículos oficiales. Asimismo, apuestan por mejorar la formación continua y la dotación de equipos tecnológicos adecuados para afrontar los retos de la delincuencia moderna.
La mejora de las condiciones laborales y de la conciliación familiar y laboral también ocupa un lugar destacado en su agenda. El sindicato solicita la revisión de los turnos de trabajo para reducir la fatiga laboral, la implementación definitiva del turno 6x6, así como la puesta en marcha de medidas que garanticen la protección de la salud mental de los agentes.
Además, la organización sindical ha presentado durante este año 2024 una demanda contra el Ministerio del Interior por la inacción reiterad del Gobierno en la regulación del funcionamiento del Consejo de Policía y otra por inacción reiterada del Ministerio del Interior en la regulación de las especialidades de la Policía, ambas admitidas a trámite por el Tribunal Supremo y las cuales esperamos que se resuelvan a lo largo de este año 2025.
Desde JUPOL hacen un llamamiento al Gobierno y a las instituciones para establecer una mesa de diálogo que permita abordar estas reivindicaciones de manera seria y urgente. "No se trata solo de dignificar nuestra profesión, sino de garantizar una mejor seguridad y servicio para toda la ciudadanía", concluye su secretario general, Aarón Rivero.
