La entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral a menos de 40 horas a la semana sin merma salarial tiene los días contados en España. Lo que parecía una utopía en materia de empleo, es ya una realidad de cara a 2025. El Ministerio de Trabajo y Economía Social, con Yolanda Díaz al frente, llegó el pasado 20 de diciembre a un acuerdo con los sindicatos -aunque sin el apoyo de la patronal- para aprobar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana.
Sin embargo, no son pocos los trabajadores que, a día de hoy, y con enero a la vuelta de la esquina, los que se preguntan cuándo se aplicará la medida estrella de Trabajo. El departamento que lidera Díaz tiene la firme intención de que la ley obligue, a través de una disposición transitoria, a que todas las empresas cumplan con la norma a partir del 31 de diciembre de 2025.
Otro punto a tener en cuenta es que la reducción de jornada no podrá tener como consecuencia la afectación de las retribuciones, ni la compensación, absorción o desaparición de "derechos más favorables o condiciones más beneficiosas", deja claro el texto del acuerdo.
El Ejecutivo español tendrá todo este tiempo para aprobar la norma en el Congreso y actualizar los convenios colectivos que tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias con el objetivo de cumplir con la jornada máxima de 37,5 horas y medias semanales en cómputo anual.
En resumen, el acuerdo no será aplicado hasta que no sea aprobado en el Parlamento. El Ministerio de Trabajo tendrá que llevar al Congreso la reducción de jornada para su aprobación, con la duda de qué harán formaciones como Junts o PNV. Por lo tanto, aún no se conoce la fecha exacta en la que se comenzará a aplicar la reducción de la jornada laboral en nuestro país, por lo que habrá que esperar a ver qué ocurre en los siguientes meses del nuevo año, aunque todo apunta a que podría ser una realidad de cara a principios del año 2026.
Junto a la reducción de jornada, la medida incluye una normativa que pretenden mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Esta es la desconexión digital, la cual pretende permitir al trabajador no responder a los mensajes de la empresa cuando se encuentre fuera de su horario laboral. La regulación pretende incrementar las sanciones a las empresas que cometan esta ilegalidad.
El acuerdo también recoge que todos los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales, a la desconexión digital y a protección frente a la videovigilancia y geolocalización. Las empresas, detalla el texto, deben garantizar que nadie se comunique ni solicite al trabajador una prestación laboral fuera de horario, tiempo en el que tendrá derecho a no estar localizable.
El derecho a la desconexión, se detalla, es "irrenunciable" y las modalidades de su ejercicio, los medios y las medidas adecuadas para garantizarlo se definirán en la negociación colectiva, donde se podrán establecer excepciones cuando concurran circunstancias excepcionales justificadas.
