Más de la mitad de los españoles considera que la "okupación" de viviendas es un problema real, siendo una de las principales preocupaciones de los propietarios. Sin embargo, tan sólo el 2% de los españoles ha sido víctima de los "okupas", según una encuesta llevada a cabo por la OCU.
Cuando una persona sufre desafortunadamente una de estas situaciones, debe recurrir al desalojo de estos ocupantes para poder recuperar su vivienda. El desahucio exprés es un mecanismo legal para desalojar a "okupas" que se niegan a abandonar el inmueble.
"Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social", tal y como establece el artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
El primer paso será presentar la demanda de desahucio exprés en el juzgado de primera instancia competente donde se encuentre la vivienda. Para ello, será "necesario contar con un abogado y un procurador, y adjuntar el documento que acredite la propiedad o posesión legítima del inmueble", explican desde el portal inmobiliario Idealista.
Después de la presentación, el juzgado emitirá el decreto de admisión de la demanda. En el caso de que el demandante solicite la entrega inmediata de la posesión, los ocupantes deberán presentar un título que justifique su derecho a ocupar la vivienda en un plazo de cinco días desde la notificación. Si lo hacen, se tendrá que celebrar un juicio para que sea el juez quién decida quién tiene razón, si el propietario o los ocupantes.
En el caso de que no presenten ningún título válido en cinco días, el tribunal emitirá un auto de lanzamiento que fija una fecha para el desalojo y devolverá la posesión al demandante, siempre y cuando haya acreditado su derecho sobre el inmueble. En la fecha señalada, el lanzamiento se ejecuta con la presencia de dos funcionarios del juzgado y el procurador. El portal inmobiliario asevera que "se levantará un acta que detalle el estado del inmueble y los eventos ocurridos durante el desalojo".
La nueva normativa permitirá que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, por lo que estos podrán celebrarse en un plazo estimado de 15 días.
Asimismo, los casos de ocupación ilegal se incorporarán a la lista de delitos menos graves que pueden ser tramitados por la vía rápida tras la modificación del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, la "inquiokupación" queda fuera de la normativa.
Los plazos para desalojar a los "okupas" con la implementación del Proyecto de Ley de eficiencia de la Justicia "bajarán considerablemente", señalan. Y es que estos podrán resolverse en 15 días, mientras que antes de esta normativa, el plazo medio para echar a un ocupante ilegal rozaba los dos años. Este incluso superaba los 24 meses en comunidades autónomas como Murcia, Castilla y León o Canarias, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
