Los principales deberes que tiene que abordar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que preside la magistrada Isabel Perelló, de cara a los plenos de enero y febrero, cuatro en total, siguen siendo los mismos que tenían al acabar este año. Elegir al sucesor de José Ramón Navarro al frente de la presidencia de la Audiencia Nacional y los que serán los presidentes de cuatro de las cinco Salas del Tribunal Supremo.
Para la Audiencia se han postulado y han presentado ya sus proyectos ante la comisión de calificación los ocho aspirantes, los magistrados Enrique López, Eloy Velasco y Francisco Oliver, Manuel María Estrella Ruiz, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Pablo González González y Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, y la magistrada María Tardón.
Las fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN dejan claro que «a priori» el favorito es López porque ambas alas del Poder Judicial, las llamadas conservadora y progresista, ven en él, además de «experiencia» y «conocimiento», una capacidad de gestión demostrada y ese cariz de relaciones públicas que consideran que es preciso para un cargo «tan representativo» como es el de presidente de la Audiencia Nacional.
Destacan que es clara su cercanía al PP dado que fue consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso (2019-2021), pero ello no pesa, en principio, como un punto negativo. Actualmente se desempeña como magistrado en la Sala de Apelaciones de este tribunal.
Los otros favoritos son González González, actual presidente de la Audiencia Provincial de Madrid y que ya intentó alcanzar esta presidencia en otras ocasiones sin éxito, y Fernández Martínez, vocal en el anterior CGPJ y magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Las fuentes consultadas por este diario ven también a estos como candidatos «idóneos» por tener el recorrido y las claras habilidades para las relaciones institucionales que se considera que exige el puesto.
Las conversaciones no están avanzadas, según trasladan, y habrá que esperar a enero para que se pongan en marcha en el seno del Consejo de cara a llegar a un acuerdo entre los dos bloques.
Lo mismo ocurre con las presidencias de cuatro de las Salas del Tribunal Supremo, donde hay más división ya que los conservadores apuestan por Andrés Martínez Arrieta para sustituir a Manuel Marchena al frente de la Sala Segunda o de lo Penal, una responsabilidad que ya ocupa en funciones, y los progresistas por Ana Ferrer. Mientras que para la Sala Tercera o de lo Contencioso-Administrativos unos apoyan a Pablo Lucas y los otros, a Pilar Teso.
Lo que está claro es quien ocupará la Sala Primera o de lo Civil en el alto tribunal al ser el único candidato, se trata del magistrado Ignacio Sancho, que está adscrito a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Los progresistas quieren que, a cambio de que Ferrer y Teso se hagan cargo de las Salas Segundas y Tercera, respectivamente, sea el magistrado Juan Molins, también de la APM, el que encabece la Sala Cuarta o de lo Social. Solo tiene una rival: la magistrada Concepción Ureste.
Así están las cosas, pero, en todo caso, habrá que dejar acabar el año y que sea en enero cuando las dos almas del Poder Judicial se sienten, pongan las cartas sobre la mesa y acuerden quién presidirá la Audiencia Nacional y las Salas del Supremo. Estos días han estado más centrados los 20 vocales en analizar y examinar las consecuencias que tendrá la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que se publicará el primer día del próximo año en el Boletín Oficial del Estado y obligará a este órgano a introducir modificaciones en sus reglamentos.
También están pendientes y señalan como prioridad las cuatro plazas en el alto tribunal convocadas por el anterior CGPJ, las conocidas en el mundo judicial del «quinto turno», reservadas para el acceso a la carrera judicial a juristas de reconocido prestigio y competencia con más de 15 años de experiencia profesional a sus espaldas. Hay que designar titulares para una plaza en la Sala Primera, una de la Sala Cuarta y otras dos de la Tercera. Para su ocupación los vocales del órgano de gobierno de los jueces se enfrentan a ternas de seis a ocho candidatos.
Paralelamente, cuatro de los miembros del Pleno –Argelia Queralt, José Carlos Orga, Bernardo Fernández e Isabel Revuelta– siguen inmersos en la elaboración de un dictamen sobre el anteproyecto de ley para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que les encomendaron PP y PSOE como parte del acuerdo de renovación. Este abordará un nuevo sistema de elección para el propio Consejo.
