Tras una conferencia en Valladolid sobre la Primera República, un oyente me preguntó por el nombre del militar más importante en la España de 1874. Cualquier especialista sabe que el general Gutiérrez de la Concha fue el más prestigioso entre los españoles de ese año por su papel en la guerra carlista. Hoy nadie se acuerda de él, pero sí del militar que apareció casi el último día de 1874, el 29 de diciembre, y que no pintó nada hasta entonces. Me refiero a Martínez Campos.
Pregunte Vd. a ChatGPT y verá. La respuesta de la IA se basa en lo que ocurrió después, la Restauración, no en lo que pensaban los españoles de 1874. Lo mismo se podría aplicar a este año de (des)gobierno de Sánchez. Después de un 2024 repleto de tropelías, como la amnistía y la sumisión a Puigdemont, el vínculo con Bildu, los cinco días de reflexión de Sánchez, o su negligencia con la DANA, nos quedaremos solo con lo último: la corrupción.
No es que nuestra memoria sea frágil, sino que dejamos en un segundo plano lo que no tiene consecuencias. Por esto, por sus efectos, la corrupción de los sanchistas y su guerra con el poder judicial que vamos a presenciar en 2025 quedará como el hecho más marcado del último mandato de Pedro Sánchez. El PSOE no dejará el poder por la tragedia en Valencia, ni por pactar con el golpista y prófugo de la justicia, ni por no tener presupuestos, ni siquiera por ir de la mano de los bilduetarras. Será la corrupción política y económica la que se lleve por delante a este Gobierno. Debería ser suficiente con que la verdad judicial se acerque un tanto a la verdad material, a lo que vamos sabiendo sobre ministros y ex ministros, pisos, mordidas, apropiaciones indebidas, tráfico de influencias y demás retahíla.
El año judicial va a ser duro para el sanchismo. No hay Franco que lo tape. Debería haber esperado a este 2025 para la exhumación del cadáver del dictador. Lo más fuerte será la cuestión familiar. El asunto de Begoña Gómez pinta mal para Moncloa, sede del Gobierno donde la esposa del presidente presuntamente hizo negocios particulares. Luego está la cuestión de la apropiación indebida de propiedades de la UCM. El tema es feo. Moralmente no tiene un pase. No solo por esto Sánchez debería pedir perdón, si no que en otro país de la Unión Europea un dirigente en su situación ya habría dimitido. Quizá tenga que hacerlo si hay condena para la Sra. Gómez por mínima que sea.
Luego está lo del hermanísimo, el músico que cobra del erario español pero está afincado en Portugal para pagar menos impuestos. Es la cuestión menos interesante. Sin embargo, la sombra del tráfico de influencias es alargada porque afecta al hermano y su pareja, para la que también se creó un puesto ad hoc.
Mientras tanto avanza la investigación sobre la trama Koldo-Ábalos. Es preciso tener presente que la UCO es extremadamente cuidadosa, como la Audiencia Nacional, y que en un informe ya aparece el «número uno»: Sánchez.
Aquí entra de lleno la guerra declarada por Víctor de Aldama al Gobierno, por lo que van a ir saliendo informaciones que helarán la sangre a muchos, como al ministro Ángel Víctor Torres. El caso más peliagudo será el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que fue usado como ariete contra Isabel Díaz Ayuso en una suicida batalla por el relato. La purga a Lobato, que no obedeció el mandato monclovita de desvelar información, ha permitido que salga a la luz la guerra sucia contra la presidenta de Madrid. La pregunta es si Sánchez será imputado por alguna de estas cuatro causas. No lo sabemos. Lo cierto es que el sanchismo está construyendo el relato para negar el suplicatorio cuando llegue al Congreso de los Diputados. A eso se le llama plan B.