Cantabria, Murcia, Canarias, Baleares, La Rioja y Aragón han eliminado ya de sus Estatutos de Autonomía los aforamientos para sus diputados y miembros del Gobierno regional, de modo que ya pueden ser juzgados por tribunales de justicia ordinarios. Estas modificaciones autonómicas se han producido antes de la reforma de la Constitución que prometió en 2018 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para eliminar los fueros a nivel nacional, que sigue congelada.
La última comunidad en sumarse fue Aragón, después de que las Cortes aprobaran definitivamente a finales del año 2022 la reforma de su Estatuto mediante la que se suprimen los aforamientos de los miembros del Gobierno regional y de los diputados autonómicos, entre otras cosas.
Antes, a mediados de 2021, el Congreso y el Senado apoyaron la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja que suprime los aforamientos y limita a dos los mandatos de su presidente, entre otras medidas. También en 2021, Cantabria y Murcia hicieron efectiva su reforma de sus respectivos Estatutos de Autonomía para poner fin a los privilegios jurídicos, con la práctica unanimidad del Parlamento.
UN CAMINO QUE INICIÓ CANARIAS
Según informa EP, Canarias fue la primera comunidad autónoma que superó los trámites parlamentarios para hacer efectiva la reforma de su texto fundamental para acabar con estos aforamientos. La supresión se hizo efectiva en las elecciones autonómicas que se celebraron en mayo de 2019.
Y ya después, Murcia también consiguió el aval de las Cortes para la modificación de los artículos 25 y 33 de su norma autonómica, de tal manera que los diputados regionales y el Consejo de Gobierno seguirán protegidos en el ámbito de su libertad de expresión parlamentaria y política, pero no estarán excluidos de la jurisdicción ordinaria por aquellos asuntos que, ajenos a su normal desempeño parlamentario, les impliquen de forma directa en procedimientos judiciales de cualquier ámbito jurisdiccional.
LA PROMESA DE SÁNCHEZ
Un acto convocado para hacer balance de los primeros 100 días de Gobierno tras la moción de censura, en septiembre de 2018, fue el elegido por Pedro Sánchez para dar a conocer su intención de limitar los aforamientos a los parlamentarios. De esta forma, la propuesta del Ejecutivo planteaba que los diputados y senadores pasarían a ser juzgados por los tribunales ordinarios y no solo por el Tribunal Supremo.
En aquel momento, Sánchez explicó que iba a proponer al Parlamento una reforma de la Constitución para eliminar esta prerrogativa en un plazo exigente: 60 días después de haberse iniciado la tramitación ante las Cámaras. Tal y como aseguró hace ya más de seis años, la intención de la medida era que los ciudadanos volvieran a creer en la política" porque, según afirmó, se trata de una cuestión que debe ser el "reto común" de todos y cada uno de los partidos. Tras este anuncio del presidente, el debate sobre el aforamiento de los políticos cobró protagonismo, aunque aquella iniciativa ha quedado aparcada.
