El borrado de los mensajes de su móvil por parte de Álvaro García Ortiz, que según la Fiscalía General del Estado se llevó a cabo por razones de seguridad en aplicación de la normativa sobre protección de datos, deja tras de sí algunas incógnitas. A falta de conocer cuándo se eliminaron esos mensajes en las fechas clave de la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso -si antes o después de que se pusiera en marcha la investigación judicial por revelación de secretos en el TSJ de Madrid-, las acusaciones populares en el procedimiento que instruye el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado se preguntan por qué sin embargo la otra investigada, la fiscal jefe provincial de Madrid, no borró sus mensajes en aplicación de esa instrucción interna que invoca García Ortiz.
Pero no solo eso. Las acusaciones populares no entienden, como ya ha puesto de manifiesto la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), por qué el fiscal general trató de impedir el análisis de su móvil -intervenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) junto a otros dispositivos en el registro de su despacho el pasado 30 de octubre- alertando de que podrían quedar al descubierto asuntos sensible para "la seguridad del Estado" si era consciente de que sus mensajes estaban borrados.
En el escrito en el que hace solo unos días ha solicitado la citación como investigado de García Ortiz -y la imputación de dos nuevos delitos: prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos-, el letrado de APIF, Juan Antonio Frago, llamaba la atención sobre el hecho de que "mientras la fiscal y los abogados del Estado defensores sostenían, contra el auto de entrada en los domicilios profesionales, que se iba a incautar de información confidencial, la realidad es que se ha borrado la misma del móvil del investigado".
La asociación fiscal -que ejerce la acusación popular al igual que el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias y Foro Libertad y Alternativa- se refería así a los recursos contra el registro de los despachos de García Ortiz y la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, que interpusieron tanto la Abogacía del Estado (que asume la defensa de ambos investigados en el procedimiento) como la fiscal del caso, la teniente fiscal del Tribunal Supremo María Ángeles Sánchez Conde, "número dos" y persona de máxima confianza de García Ortiz.
Y es que el fiscal general del Estado advirtió, a través de la Abogacía del Estado, de que el examen de su móvil y del resto de dispositivos electrónicos incautados dejaría al descubierto información que podía "comprometer la seguridad del Estado" al afectar esas comunicaciones (incluidos sus correos electrónicos) a "la actividad de otras instituciones", a "intereses nacionales", "compromisos con terceros y en definitiva a la estructura de la Fiscalía en su conjunto".
Precisamente uno de los argumentos para oponerse al análisis de esos dispositivos fue que "nadie" debía tener conocimiento "de alguno de los extremos o informaciones que maneja el fiscal general del Estado".
La constatación por parte de la Guardia Civil que en el periodo de tiempo que ordenó analizar el Supremo -entre el 8 y el 14 de marzo- hay "cero mensajes" en el móvil de García Ortiz ha llevado a las acusaciones a solicitar al instructor una batería de diligencias para intentar recuperar esos mensajes (solo con la fiscal jefe provincial se intercambió 37 mensajes relacionados con la investigación a González Amador que sí figuran en el móvil de Pilar Rodríguez, tal y como constató la UCO).
De momento, Hurtado ya ha reclamado toda la información sobre las tarjetas de los teléfonos incautados y la titularidad de las mismas, para intentar esclarecer si estaban asociadas a esos dispositivos. Pero sobre la mesa tiene una panoplia de diligencias instadas tanto por la defensa del novio de Ayuso como por las acusaciones populares, que van desde reclamar a WhatsApp, Apple y Google las copias de seguridad de los mensajes eliminados hasta hacer acopio para su análisis de todos los móviles utilizados por el fiscal general desde el pasado marzo, cuando se produjeron las filtraciones que investiga el alto tribunal.
En esa misma línea, APIF ha instado al instructor a solicitar al delegado de protección de datos del Ministerio Fiscal, Agustín Hidalgo, los protocolos de borrado de datos respecto a "teléfonos móviles y ordenadores de toda índole, particulares o corporativos, de los miembros del Ministerio Fiscal", para constatar así si el borrado de los mensajes se llevó a cabo en ejecución de los mismos o por razones ajenas a esa instrucción interna.
