Cuando se cumplen dos meses de la tragedia que asoló la Comunidad Valenciana, las ayudas prometidas apenas han llegado y la sensación de abandono se multiplica con el paso de los días. Los vecinos muestran su desesperación cada vez que los medios de comunicación les preguntan y las quejas se disparan ante la falta de diligencia en la concesión de las ayudas y la lentitud con la que se tramitan las solicitudes. Según datos facilitados desde Moncloa, únicamente el 5% de los solicitantes han logrado cobrar anticipos para poder recuperar viviendas o enseres perdidos durante la riada. Y las ayudas definitivas llegan con un gotero. De los 16.600 millones que Pedro Sánchez se comprometió a destinar a la reconstrucción apenas han llegado 910 millones, menos de un 5,7% del total.
Además, más de la mitad de este dinero no son ayudas, sino créditos a devolver. Reedita así el Gobierno el modelo que usó en pandemia, cuando el Estado avaló los 140.000 millones que prestó la banca y generó una morosidad que supera el 3,5% entre pymes y autónomos –alcanza el 4,16% en los negocios más pequeños–. Casi la mitad del montante total del paquete de ayudas son créditos avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y fondos del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) –constituido con las aportaciones de las aseguradoras como garantía financiera obligatoria que cubre los riesgos extraordinarios–.
Según la última actualización del Ejecutivo, de las 338.773 solicitudes registradas se han tramitado 283.655 y, de ellas se han finalizado solo 94.634, menos del 28%, aunque sólo el 5% ha recibido el dinero. En cuanto a las ayudas directas para daños personales, materiales en vivienda y enseres, en establecimientos y comunidades de propietarios, gastos de corporaciones locales y por prestaciones de bienes o servicios –de las que se registraron 35.000 solicitudes–, se han abonado menos de 32 millones, por lo de media apenas se han distribuido 914 euros. Más sangrante aún es que sólo 11 familias han recibido ayudas por fallecimiento, pese a que hubo 227 muertos.
Empresarios, asociaciones y entidades han manifestado en infinidad de ocasiones que las cantidades aprobadas son escasas y apenas cubren un 20% de lo perdido por empresas y hogares, ya que el importe de las ayudas depende del volumen de operaciones del ejercicio 2023. En el caso de las empresas, el importe depende del volumen de operaciones del ejercicio 2023. De esta forma, para las pymes con una facturación inferior al millón de euros, la ayuda será de apenas 10.000 euros. Para aquellas empresas con un volumen de operación de entre 1 y 2 millones, la ayuda será de 20.000 euros; de 40.000 euros si ha estado entre dos y seis millones; de 80.000 euros en el caso de un volumen entre 6 y 10 millones de euros; y las empresas afectadas con más de 10 millones de volumen de operaciones en 2023 dispondrán de una ayuda de 150.000 euros. Para los autónomos, la ayuda será de 5.000 euros. «·Son cifras ridículas dado el volumen de las pérdidas que hemos sufrido», apuntan fuentes empresariales a LA RAZÓN.
Para el campo, la situación no es mejor. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) advierte de que más del 80% de los agricultores y ganaderos valencianos afectados por la DANA se quedarán sin las ayudas directas de 5.000 euros porque los requisitos establecidos en la normativa estatal excluyen a los productores a tiempo parcial y a los jubilados, que representan a la mayoría del sector agrario valenciano. Y aún hay una sorpresa desagradable más. Tampoco recibirán nada aquellos agricultores que no estuvieran antes del 28 de octubre en el censo de empresarios profesionales y retenedores (modelo 036 o 037) por una corrección hecha a última hora en el decreto ley de las ayudas directas a los sectores agrícolas publicadao en el BOE.
Y los comerciantes están prácticamente en pie de guerra. Las patronales del comercio han dado un paso adelante para cargar contra el bloqueo de las indemnizaciones por parte del Consorcio de Compensación de Seguros. La Confederación Española de Comercio (CEC) y Confecomerç han denunciado que se ha paralizado el pago de compensaciones, ya que se han abonado menos del 0,40% a los comercios. Esta «ineficiencia» está generando «un impacto económico significativo y lastrando la ya de por sí complicada recuperación de los comercios afectados», al imposibilitar que los establecimientos puedan iniciar obras de reparación, reponer inventarios o adquirir equipamientos necesarios para retomar su actividad.
Empresarios y pymes también critican que el sistema actual de tramitación presenta problemas estructurales, al obligar a la presentación de presupuestos de proveedores desbordados por la alta demanda, que retrasa el acceso al dinero de la póliza contratada. También se están produciendo «valoraciones depreciadas de herramientas y maquinarias clave y faltan soluciones efectivas por parte de las entidades financieras» porque, a pesar del acuerdo para adelantar indemnizaciones a tipo 0, «los bancos exigen avales que los comerciantes afectados no pueden proporcionar», advierten las patronales. Asimismo, lamentan la «ineficiencia» en la gestión de peritajes con «un colapso real» –menos de 22.000 solicitudes de indemnización a pymes y autónomos han sido pagadas, de los que únicamente un millar son de comercios– e indican que si cada perito hubiera tramitado tres expedientes diarios durante los 50 días desde la DANA, se podrían haber resuelto 255.000 solicitudes directas.
Desde el Ministerio de Economía responden que de los más de 910 millones de euros en ayudas entregados, 598 millones corresponden a las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. También aseguran que el CCS ha quintuplicado el número de peritos que habitualmente trabajan con la entidad; ha multiplicado por diez el número de puestos en atención telefónica; ha firmado un procedimiento operativo especial con 38 entidades aseguradoras para que colaboren en la peritación y gestión de los expedientes de siniestros y ha reforzado los sistemas informáticos para aumentar su capacidad de cara a este intercambio de expedientes; ha reforzado la plantilla con la contratación de nuevos tramitadores y ha creado un equipo con empleados de otras áreas del CCS.
De los más de 8.000 comercios valencianos que se vieron afectados por la DANA en algún grado y en sectores como alimentación y hostelería, un número mínimo ha reabierto. Sus pérdidas –al contar ya con los productos de la campaña de Navidad– suponen hasta un 35% de la facturación anual. Por eso, la «demora en la reactivación económica afecta también al tejido social, pues estos comercios son el sustento de miles de familias y contribuyen significativamente a la economía local, recuerda la confederación», recuerdan desde el CEC.
Muy distinta ha sido la efectividad y rapidez en la entrega de las ayudas económicas por parte de entidades privadas. El presidente de Mercadona, Juan Roig, fue el primero en comprometerse a entregar hasta 40 millones para sus empleados afectados por la riada. Su entrega fue casi inmediata. Por su parte, el fundador de Inditex, Amancio Ortega ha entregado 100 millones a 40 ayuntamientos que sufrieron en mayor o menor medida la tragedia. El dinero ya está en sus cuentas, pero el reparto está siendo más lento porque son los mismos consistorios los que establecen los criterios de reparto. Numerosas entidades, asociaciones, empresas y particulares de toda España han hecho donaciones millonarias, que han sido canalizadas a través de las ONG.
La Generalitat valenciana confirmó esta semana que ya se han puesto en marcha 854 millones de euros en ayudas directas de los 1.324 millones destinados a atender las necesidades de los afectados por las riadas de la DANA del pasado 29 de octubre. Del importe total movilizado, el 64,5%, corresponden a ayudas directas y sin burocracia. Según han confirmado fuentes del Ejecutivo valenciano, la concesión de ayudas «avanza a buen ritmo» y ya se han puesto en marcha el paquete de 200 millones de euros con ayudas de 6.000 euros para familias; 50 millones para el alquiler de viviendas; y distintas líneas por valor de 266 millones de euros para empresas, autónomos y trabajadores en ERTE. También se han habilitado 250 millones de euros para indemnizar con 2.500 euros a cada persona que haya perdido su coche por las riadas; 20 millones para regantes; otros 62 millones para municipios y 6 millones de euros para el sector cultural. Desde la Generalitat apuntan otras medidas adicionales, como deducciones en el IRPF para contribuyentes de las zonas afectadas. También se ha habilitado un paquete de 100 millones para ayudas directas dirigidas al mantenimiento del empleo y a la reactivación económica.
