La disyuntiva más determinante que tendrá que resolver el PP en este nuevo año es la que afecta al agujero que les ha abierto a nivel autonómico la ruptura de los acuerdos de gobierno con Vox y sus consecuencias en la aprobación de los Presupuestos. La dificultad para sacar adelante las cuentas en las comunidades en las que gobiernan sin mayoría absoluta se puede asemejar a la que tiene el Gobierno de coalición con sus socios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), una vez que han vuelto a ser prorrogados los de 2023 por falta de acuerdo del PSOE con los partidos que apoyaron la investidura. El problema para el PP es Vox; el del PSOE, Junts y Podemos.
El PP abrirá 2025 con la confirmación de la prórroga presupuestaria en Baleares, donde la presidenta Marga Prohens retiró el proyecto por no contar con los votos de Vox. Y lo mismo ha hecho el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. La previsión es que Vox replique el patrón en el resto de comunidades en las que el PP gobierna en minoría, y, ante esta situación, la dirección nacional del partido se encuentra ante un mapa asimétrico, en el que los barones tienen sus intereses particulares y también su manera propia de resolver la inestabilidad de sus gobiernos.
Ahora bien, en Génova lo ven claro, aunque tengan también sus dificultades para imponer un criterio único al conjunto de sus ejecutivos autonómicos, sobre todo porque Alberto Núñez Feijóo ha convertido en bandera de su Presidencia nacional del partido el lema de respetar la autonomía de cada una de sus baronías. Sobre este principio, la realidad es que en Génova consideran que lo más conveniente es que, salvo que sean ingobernables, los adelantos electorales hay que evitarlos. «Los carga el diablo. Y pueden pasar factura con alguna sorpresa». No hay matices en el análisis de la cúpula, aunque el discurso oficial se ajuste al mantra de que cada presidente autonómico tiene entre sus competencias la de decidir cómo gestiona este pulso de Vox y tomar sus decisiones en lo que toca a una posible convocatoria anticipada de elecciones. Ni siquiera sirve para modular estos recelos a la convocatoria de elecciones la tentación de considerar que el PSOE está muy debilitado en el plano territorial, inmerso en un proceso congresual en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está librando su propia batalla para imponer a sus delfines y controlar así orgánicamente a todas las federaciones. Esto genera tensiones, divide, y debilita todavía más a los socialistas a nivel autonómico. Pero no es suficiente justificación, a ojos de Génova, para apoyar la convocatoria anticipada de elecciones por falta de Presupuestos. Sin perjuicio de que luego cada uno de sus líderes autonómicos tome su decisión sobre cómo administra la falta de entendimiento con Vox, que no es coyuntural, por cierto, sino estructural. No hay perspectiva de que el enfrentamiento se module antes de las próximas elecciones generales, ni siquiera aunque precedentes, como el de Madrid, puedan aconsejar al equipo de Santiago Abascal que se piensen mejor un bloqueo que, en el caso de la guerra con Isabel Díaz Ayuso, les llevó a la ruina política –arrastrando a la propia estructura territorial del partido.
El presidente de la Junta de Castilla y León, por ejemplo, no quiere convocar elecciones a pesar del bloqueo de Vox. Entiende que su responsabilidad con su electorado le exige agotar la legislatura en la medida de lo posible, y aprovechar el tiempo para colocar al partido de Abascal ante el espejo de las zancadillas que ponen a proyectos que, en líneas generales, son del agrado de sus votantes. Mañueco ya sufrió la penalización en las urnas del adelanto de elecciones que fue diseñado con escuadra y cartabón en Madrid, por la dirección que entonces presidía Pablo Casado. Aquello se pensó como un golpe de efecto contra el PSOE de Sánchez, el arranque de una nueva etapa, pero el resultado fue que el PP perdió la mayoría absoluta en uno de sus feudos tradicionales y que la jugada no salió como habían pensando los estrategas de Madrid.
Feijóo, en todo caso, está preso de su compromiso con la autonomía de sus barones, a pesar de que los precedentes demuestran que esta manera de dirigir el partido no ha cosechado siempre los mejores resultados. El PP ya sufrió a nivel nacional la penalización de la decisión del hoy presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de precipitarse en su acuerdo con Vox, para atar su Gobierno, en vísperas de las elecciones generales. Y de nuevo en Valencia se cometió el error de no atender el consejo de Madrid de solicitar a Moncloa la declaración de emergencia en la misma noche de la DANA.
Solo en Extremadura se ha roto hasta ahora este mantra de respetar la libertad de los dirigentes autonómicos y fue con la decisión de obligar a María Guardiola a rectificar su apuesta por no pactar con Vox e ir a repetición electoral. Allí ahora están también sufriendo el pulso con los de Abascal y, en cierta forma, el tiempo ha acabado dando la razón a Guardiola.
