Uno de los juzgados estrella de la Audiencia Nacional lleva meses prácticamente parado tras la jubilación forzosa del que fuera su titular, Manuel García Castellón. La marcha del magistrado a mediados de agosto y la ausencia de reemplazo está pasando factura en la instrucción de grandes macrocausas de corrupción, como es el 'caso Villarejo', 'Lezo' o 'Púnica'.
La salida de García Castellón se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 2 de septiembre, pero se hizo efectiva semanas antes, a mediados de agosto. El togado apuró el límite legal para colgar las puñetas con el objetivo de avanzar lo máximo posible en sus investigaciones. De hecho, en 2022 solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la prórroga de dos años para seguir ejerciendo hasta los 72 años. Cumplida esta edad, se ejecutó su salida y la plaza quedó vacante.
Desde entonces, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, le ha sustituido de manera interina hasta que llegue el nuevo titular. Sin embargo, y según las fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN, se están resolviendo diligencias de urgencia y trámites sencillos, sin que se pueda avanzar de manera efectiva en los procedimientos que se instruyen en el juzgado.
Como consecuencia de ello, se está generando un cuello de botella que acusarán especialmente los letrados de la Administración de Justicia adscritos a este juzgado de la Audiencia Nacional. Todos aguardan a la llegada del nuevo titular del juzgado, que se prevé que se produzca los primeros meses de 2025. Se trata del expresidente de la Audiencia Provincial de Orense, Antonio Piña. El CGPJ le eligió a finales de noviembre para sustituir a García Castellón en una de las plazas más demandadas y también más mediáticas de este órgano.
Sin embargo, Piña tiene un reto importante en cuanto aterrice en su nuevo destino, y no es otro que sacar adelante todo el trabajo que lleva meses acumulándose en su mesa. Para ello va a necesitar un tiempo de adaptación, no solo por la diferencia de funcionamiento de su nueva casa, sino también para ponerse al día de los asuntos más complejos que se siguen en este juzgado. De hecho, una de las primeras cosas que hizo Manuel García Castellón cuando retornó a su plaza en 2017 fue solicitar al CGPJ un juez de refuerzo.
El magistrado, que provenía de ejercer como juez de enlace en Italia, aterrizó en su juzgado tras la marcha de Eloy Velasco, destinado ahora en la Sala de Apelación. A su llegada, García Castellón solicitó un juez de refuerzo ante el volumen de asuntos que sumaba el juzgado. En aquel momento se encontraba en plena instrucción del 'caso Lezo', que afecta al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y de la 'trama Púnica', sobre una presunta financiación opaca en el PP madrileño.
A ellas se añadió la macrocausa contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, la cual cuenta con casi medio centenar de piezas, la 'trama Acuamed', que está pendiente de juicio, y otros procedimientos complejos que afectan al secesionismo catalán como son los 'CDR' y su derivada 'Tsunami Democràtic'. El primero de ellos está ya instruido y solo restaría celebrar la vista oral, la cual depende en gran parte de la aplicación de la ley de amnistía. En el caso de 'Tsunami Democràtic' se tuvo que archivar por un defecto de forma al no haberse prorrogado las diligencias en tiempo.
En cualquier caso, el juzgado sigue saturado de procedimientos y no solo no cuenta con magistrado titular, sino que se ha quedado sin los dos apoyos que se adhirió desde 2020. El juzgado incorporó a Daniel González Uriel y a Joaquín Gadea para aliviar la carga de García Castellón. Sin embargo, a día de hoy, ninguno permanece en dichas plazas. El primero de ellos ejerce en la actualidad como letrado de refuerzo del gabinete técnico del Tribunal Supremo, mientras que Gadea dejó el órgano a finales de junio, cuando ya se conocía la marcha de García Castellón.
Por ello, no sería de extrañar que el nuevo titular de la plaza solicite también refuerzos cuando inicie su actividad en su nuevo destino. Piña llega a la Audiencia Nacional proveniente de la Audiencia Provincial de Orense, donde ha ejercido como presidente en la última década. Asumió este cargo en 2014 tras obtener el voto a favor de 20 vocales del anterior Consejo. El magistrado, natural de Tui (Pontevedra), ingresó en la carrera judicial en 1999, siendo su primer destino el juzgado de primera instancia e instrucción 2 de O Carballino (Orense).
Además, fue miembro de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional desde 2009 y ha sido presidente en Galicia de la Asociación Profesional de la Magistratura, entidad que aglutina el grueso de jueces de la carrera judicial. Piña también ha ejercido en el ámbito de la docencia. En concreto, ha sido coordinador en Galicia de la Escuela Judicial y ha ejercido como profesor asociado en el departamento de Derecho Privado en la Universidad de Vigo.
