El Gobierno arrancará en enero de 2025 la negociación para los Presupuestos Generales del Estado. Los contactos con algunos grupos parlamentarios ya han comenzado, pero Pedro Sánchez se enfrenta a una nueva «cuadratura del círculo», debe hacer compatibles los intereses y exigencias de socios ideológicamente antagónicos y conseguir atraer a «todos todo el tiempo».
El clavo del abanico de la mayoría de investidura sigue siendo Junts. Los independentistas ni siquiera se han sentado oficialmente en la mesa de negociación hasta que el Gobierno central materialice los compromisos pendientes. En el marco de las conversaciones actuales: el traspaso «integral» de las competencias de inmigración que podría servir también para desbloquear la reforma de la ley de extranjería para dar salida a los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias, dado que el Ejecutivo ya da por imposible el pacto con el PP.
Sin embargo, las dificultades para acordar con los posconvergentes han hecho que fuentes gubernamentales vuelvan a hacer circular el argumentario que ya utilizaron hace meses para «desdramatizar» una prórroga presupuestaria. Es el mejor termómetro para verificar el estado de la relación con Junts, del optimismo a la resignación. «El problema es Puigdemont», resume tajante un cargo gubernamental. En el Ejecutivo confirman que las conversaciones «avanzan» en segundos niveles, esto es, con el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados y con el secretario general, Jordi Turull.
Sin embargo, pese a que las negociaciones «van muy bien» no esconden que esto «no significa nada», porque todo pasa por la volatilidad del expresidente de la Generalitat, que lo puede echar todo a perder en el último momento. «Depende de cómo se levante ese día», señalan, recordando la última comparecencia en la que anunció la exigencia de que Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza. En Moncloa han logrado despejar este balón durante unas semanas, dándose un tiempo precioso para conseguir cerrar acuerdos con los independentistas lo suficientemente contundentes como para que Junts acabe por retirar la iniciativa parlamentaria. «Intentan trasladar que no forman parte de ningún bloque y de vez en cuando realizan este tipo de exageraciones», justifican fuentes socialistas.
En el Gobierno tienen trazado el calendario y esperan que enero sea clave. Este mes se producirán avances en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el Ministerio de Hacienda llevará la quita de la deuda como oferta estrella para Junts, pero también para atraer a las comunidades del Partido Popular. Una lluvia de millones –el perdón de 15.000 de los millones que Cataluña debe al Estado a través del FLA– que se suma a otros gestos para rehabilitar políticamente a Puigdemont, la «amnistía política» que él demanda, y que se materializaría con una reunión con Sánchez.
«Habrá foto», resuelven tajantes en el Ejecutivo, que ya ha lanzado una campaña de «normalización» para blanquear la instantánea con el prófugo fuera de España. Mientras, desde Moncloa se busca proyectar una imagen de cierta autonomía o, al menos, no de abierta dependencia de Junts. Que Sánchez está dispuesto a gobernar «con o sin el concurso» del poder legislativo ya lo anticipó él mismo en un discurso ante el Comité Federal del PSOE el pasado mes de septiembre.
Más allá de la gravedad de la declaración, el mensaje que quería trasladar el presidente es que un veto a las cuentas no desencadenará un acortamiento de su mandato. Al contrario de lo que él mismo le exigiera al PP cuando estaba en la oposición o que utilizara como coartada en 2019 para forzar un adelanto electoral, el jefe del Ejecutivo está dispuesto ahora a agotar la legislatura –hasta 2027– aunque sea incapaz de aprobar unas cuentas públicas en todo el mandato. «No es ningún drama», señalan fuentes de Moncloa, que intentan restar capacidad de influencia y presión al líder de Junts, Carles Puigdemont. Aseguran que los actuales presupuestos tienen un margen amplio para ir ajustando en un nuevo ejercicio.
Los actuales son los de 2023, porque en 2024 el Gobierno ya renunció a su obligación constitucional de presentarlos por el adelanto electoral en Cataluña. Será la aprobación del techo de gasto lo que permita testar el nivel de apoyo con que cuenta el Ejecutivo, Junts ya hizo caer la senda de estabilidad y pidió su rediseño. Las negociaciones se paralizaron hasta que culminaran los congresos orgánicos de ERC y Junts y, superado este horizonte interno, el Gobierno aspira a poder aprobarlo a finales de enero o principios de febrero y ya después asumir la negociación netamente presupuestaria.
