La ley integral contra la violencia de género situó a España a la vanguardia de la lucha contra el maltrato machista, de la que sigue siendo referente internacional. Sin embargo, 20 años después de su aprobación y aun con diversas reformas efectuadas, existen asignaturas pendientes.
La violencia de género dirigida contra la infancia, la detección precoz del maltrato o la prevención a través de la educación y la sensibilización son cuestiones que, aunque presentes en la norma, deben reforzarse dos décadas después.
La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se aprobó por unanimidad el 28 de diciembre de 2004.
Fue la primera ley impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero bajo la premisa fundamental de que "la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado", sino un asunto estructural del dominio de los hombres sobre las mujeres y una cuestión de Estado.
Menos feminicidios
Desde su aprobación, se han interpuesto más de 2 millones de denuncias por maltrato en el ámbito de la pareja, se han incoado 584.030 órdenes de protección y el Ministerio del Interior ha registrado a más de 720.000 víctimas en el sistema VioGén.
La norma se ha modificado en varias ocasiones, por ejemplo para incluir a los menores como víctimas o para permitir que la acreditación de la condición de víctima no exija interponer denuncia para acceder a los servicios de atención.
En estos 20 años, según datos del Ministerio del Interior, el número de asesinatos por violencia de género ha descendido un 29 %.
En la misma línea, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial señala que existen "diferencias significativas" en los feminicidios en el ámbito de la pareja si se compara el periodo que va de 2003 a 2012 y el que va de 2013 a 2022: el promedio anual de asesinatos en el primer decenio fue de 65,9, frente a 52,4 en el segundo.
Esto es, durante el primer decenio, se perpetró un asesinato machista cada 5,5 días y en el segundo, cada 7.
Desde 2013, 1.291 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Desde 2013, 62 niños y niñas han sido víctimas mortales de crímenes vicarios perpetrados por sus padres o las parejas o exparejas de sus madres.
La directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, sostiene que estos 20 años han demostrado que el sistema de lucha contra esta violencia es "un sistema en construcción" a pesar de que el texto legal "fue innnovador, rupturista y con decidida voluntad de abordar los crímenes contra las mujeres".
Se han necesitado sucesivas reformas y articulación de recursos para su funcionamiento: "Es una carrera de fondo". "Otra cosa que hemos aprendido es que probablemente no hay ninguna legislación en el mundo que sea capaz de terminar con la violencia contra las mujeres de un día para otro", matiza.
El exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género y médico forense Miguel Lorente explica a EFE que el trabajo desplegado estos 20 años "funciona". Señala, por ejemplo, que el número de sentencias condenatorias ha subido un 26 % y que han aumentado las órdenes de protección.
Ahora bien, hay ámbitos en los que la respuesta no es tan eficaz: el 21,6 % de las mujeres asesinadas había denunciado al agresor y el sistema falló, un porcentaje que se eleva al 29 % en los crímenes vicarios.
"Lo que más necesitamos es lo que menos hemos hecho que es la prevención de esta violencia a través de la educación y la concienciación", destaca. "No hemos hecho nada" para combatir desde edades tempranas la cosificación de las mujeres, la normalización y el negacionismo de la violencia machista.
Lorente alerta de que se está produciendo un aumento de violencia de género entre los más jóvenes y llama a trabajar con las masculinidades.
Otra asignatura pendiente en esta lucha es, según el exdelegado, la detección del maltrato. Se pone sobre las víctimas la responsabilidad de denunciar, que lo hacen entre el 20 y el 30 %.
"Si no actúas de manera más proactiva como sociedad y como instituciones, estás permitiendo que continúe la violencia, con su impacto además en niños y niñas", afirma, y recuerda que el 100 % de las víctimas tiene contacto con los servicios sanitarios. Por eso, la sanidad debe ser clave para detectar.
En tercer lugar, Lorente considera que no se está dando respuesta suficiente a las víctimas colaterales de esta violencia, como son la infancia y otros seres queridos de la mujer maltratada a los que puede dañar para controlarla y perjudicarla aún más.
Recuerda el experto que 1,67 millones de niños y niñas viven en contextos de violencia machista en España, un 18 % de quienes tienen menos de 18 años.
Soleto coincide con que la protección de los menores expuestos a la violencia aún presenta "lagunas importantes" y explica que sus derechos están vinculados a la situación de sus madres y que se siguen viendo "prácticas judiciales bastante perniciosas".
La directora de la Fundación Mujeres también pone de manifiesto que se ha producido una "descapitalización de los servicios prestados desde la sociedad civil" y un debilitamiento del tercer sector que históricamente ha estado del lado de las víctimas, informa Efe.
