El Gobierno ha virado en su estrategia. A medida que el cerco judicial se ha ido estrechando sobre el Ejecutivo con el "caso Koldo" y, más concretamente, sobre el entorno del presidente Pedro Sánchez con las investigaciones que afectan a su hermano y su mujer, el Gabinete ha ido abandonando paulatinamente su debida neutralidad, pilar fundamental de la división de poderes, para proferir invectivas directas contra los jueces, contribuyendo a un choque institucional y entre poderes sin precedentes.
Desde que el juez Juan Carlos Peinado iniciara la investigación contra Begoña Gómez, tanto el Gobierno como el PSOE han asumido la defensa pública de la esposa del presidente del Gobierno. Se ha convertido en práctica habitual que desde los altavoces oficiales de Moncloa y Ferraz se asegurase su inocencia y se arremetiera contra la instrucción del magistrado, señalando que era "prospectiva" o que "pedaleaba sobre la nada" tras seis meses de indagaciones. Estos ataques han ido hasta tal punto que ministros como el de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha llegado a asegurar recientemente que es un "prevaricador" y que "ha mentido en sede judicial".
A esta estrategia de descrédito institucional se ha sumado también el presidente del Gobierno que, en una conversación informal con periodistas durante la tradicional copa de Navidad de La Moncloa, aseguró que el PP "juega con las cartas marcadas" en su tarea de oposición al Ejecutivo, deslizando que cuenta con información privilegiada, por parte de los jueces, sobre el avance de los casos judiciales que afectan al Ejecutivo y a la familia de Sánchez. No es la primera vez que se queja de que existe un "acoso judicial" "por tierra, mar y aire" y de que el tercer poder del Estado ha asumido la tarea de intentar derribar al Gobierno. El último pronunciamiento en este sentido lo emitió ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, asegurando en una entrevista en "Más de Uno" en Onda Cero que el Tribunal Supremo "baila al son" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La debida neutralidad del Ejecutivo también se ha pervertido en lo que respecta a su relación con el fiscal general del Estado, una figura que debería tener una apariencia de autonomía del Gobierno, pese a que su nombramiento derive de él. Sánchez ha patrimonializado su figura desde que pronunció aquella frase: "¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso..." hasta llegar a la comparecencia de balance del pasado lunes en la que habló de Álvaro García Ortiz como "su" fiscal general. En el Gobierno consideran que la del fiscal es una "pieza a batir" por parte de la oposición y han cerrado filas con él, mostrándole todo su apoyo y "confianza" para que no abandone su cargo pese a estar investigado por la filtración de los correos electrónicos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
