La voracidad del Gobierno de Pedro Sánchez continúa sin saciarse y el año 2025 llegará con una subida impositiva extraordinaria sobre la caja de las empresas y el bolsillo de las familias de casi 18.000 millones de euros. El aumento de la presión fiscal apenas da tregua, lo que nos va a colocar en el podio de los países en los que más ha aumentado el peso de la fiscalidad, al superar ya el 37,3% del PIB con que se cerró 2023, según datos de la OCDE. Durante estos 13 ejercicios, los impuestos y las cotizaciones sociales crecieron en España más de seis puntos de PIB. Y lo que queda por llegar.
Desde 2018, año en el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, se ha creado o se ha subido más de un impuesto cada mes, sumando 93 aumentos tributarios y de cotizaciones, para uin total de casi 42.000 millones de impacto acumulado de las subidas de impuestos y cotizaciones entre 2019 y 2023, equivalente a unos 2.200 euros por hogar. Una cifra a la que hay que añadir lo que viene en el ejercicio 2025, en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende elevar la recaudación fiscal en más de 7.000 millones, lo que equivaldría a 371 euros por hogar, según calcula el Instituto Juan de Mariana.
A esto hay que sumar las subidas de cotizaciones, que impulsarán un 6,5% los ingresos de la Seguridad Social gracias a la subida de las bases máximas de 1,2 millones de trabajadores; el incremento porcentual del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que supondrá una media de 215 euros para empresas y trabajadores; y la cuota de solidaridad, que sumarán entre 550 euros y 1.100 euros anuales de coste –el 83% deberá asumirlo la empresa y el 17% el empleado–. En total, según fuentes ministeriales, el incremento de recaudación por cuotas sociales superaría los 177.300 millones de euros, casi el 11% del PIB y un 6,5% más que en 2024, lo que significan 10.900 millones más. Es decir, un nuevo «palo» a hogares y empresas de casi 18.000 millones.
Entre los impuestos que recuperan su calibre impositivo después del parón de la pandemia y la crisis de Ucrania y las nuevas figuras tributarias, la presión y el esfuerzo fiscal volverá a incrementarse de nuevo en 2025, año en elque el Gobierno ha puesto encima de la mesa 46 medidas recaudatorias, de las cuales han terminado prosperando 12 modificaciones.
Durante gran parte del 2024, los alimentos básicos tenían aplicado el 0% de IVA, pero a partir del 1 de enero, este IVA regresará –según el tipo de alimento– al 4%, al 7,5% o al 10% según corresponda.
Otro gasto que se incrementará será el de la factura eléctrica. Desde 2022, el IVA de la electricidad se situaba en el 10% en contratos de menos de 10 kilovatios siempre que el mercado mayorista superara los 45 euros por megavatio hora. Pero esta reducción quedaré suprimida de cara a 2025, restableciendo el IVA al 21%.
Los compradores de coches eléctricos ya no podrán beneficiarse de la deducción del 15% en el IRPF que hasta 2024 se aplicaba a la adquisición de este tipo de vehículos, con un máximo de 20.000 euros. También se eliminan incentivos fiscales clave para la movilidad sostenible, como la deducción por la instalación de puntos de recarga en viviendas.
Igualmente llegan a su fin las deducciones en el IRPF por reformas que redujeran el consumo energético en viviendas, que permitían desgravar hasta un 20% del coste –con un máximo de 5.000 euros– si la reforma lograba un ahorro del 7%, y un 40% del coste –con un máximo de 7.500 euros– si el ahorro alcanzaba el 30%.
Además, llegan nuevos impuestos y otros suben de golpe. El nuevo tributo de basura, que empezará a aplicarse en abril de 2025, afectará a los municipios de más de 5.000 habitantes. Quienes ya la pagaban lo harán por un importe es muy superior y los que no estaban obligados, ahora pagarán.
Los líquidos para cigarrillos electrónicos y los «vapers» comenzarán a tributar como el tabaco convencional dentro de los Impuestos Especiales. Esta subida afectará tanto a vendedores como consumidores, puesto que al ser un impuesto dirigido a las empresas de venta, estas incrementarán los precios de los productos. La cantidad a aportar variará según el ayuntamiento entre los 150 y los 200 euros.
En cuanto al impuestazo a banca y energéticas, la intención del Ejecutivo es que sean permanentes. Así, el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de entidades financieras gravará a las entidades de crédito con tipos progresivos hasta el 7% sobre las bases imponibles superiores a los 5.000 millones de euros. Y no será deducible en el impuesto de Sociedades. El gravamen temporal a los beneficios de las energéticas está más en el aire, ya que el Gobierno tuvo que utilizar un subterfugio legal para retirarlo primero y aprobarlo después en Consejo de Ministros por decreto ley. Está pendiente de aprobación por el Congreso, con dudas tanto de los socios a la izquierda, como de los que están a la derecha.
Respecto al IRPF, subirá del 28% al 30% para aquellas rentas que superen los 300.000 euros de beneficios al año, afectando a los ingresos generados por depósitos, dividendos, seguros y ventas de inmuebles. Las pymes verán reducido su tipo impositivo del 25% al 20%. Sin embargo, las grandes empresas que obtienen beneficios en el extranjero tributarán más.
Estas medidas tributarias «incrementarán la factura impositiva de familias y empresas, lo que genera incertidumbre, un alto coste y una preocupante inseguridad jurídica». Así lo advierten desde el Registro de Asesores Fiscales (Reaf) del Colegio de Economistas, que alertan de que este aumento de la presión tributaria, sumado a la pérdida de poder adquisitivo por la falta de actualización de algunos elementos del IRPF –cuya tarifa general sigue sin deflactarse–, al incremento de cotizaciones y a la reducción de las deducciones fiscales «van a lastrar las economías domésticas y empresariales». Además, critican con dureza la «técnica legislativa» utilizada por el Ejecutivo, al implementar una serie de nuevos impuestos pocos días antes del cierre del ejercicio, ya que genera «una situación de poca seguridad jurídica y de incertidumbre», además de condicionar sus decisiones por motivos políticos.
Según apunta el Instituto Juan de Mariana, bajo el mandato de Pedro Sánchez no se han ajustado los impuestos para tener en cuenta el aumento de la inflación, que acumula una escalada cercana al 19% bajo su mandato. Solamente entre 2019 y 2023, el impacto de la no deflactación de los tributos dependientes del Gobierno central ha sido una subida encubierta de los impuestos valorada en 27.100 millones. España es el tercer país de la Unión Europea que más ha elevado su presión fiscal desde Sánchez llegó al poder, en 2018, hasta el pasado año 2023. El incremento ha sido de 2,9 puntos del PIB, en marcado contraste con la reducción del 0,8% apreciada en la UE-27. El Gobierno ha adoptado 93 subidas de impuestos. En 2019 se adoptaron 11 medidas recaudatorias, seguidas de 12 en 2020, 20 en 2021, 10 en 2022, 17 en 2023, 11 en 2024. Finalmente, serán 12 de cara a 2025.
