El Tribunal Supremo (TS) tiene sobre la esa varios recursos contra de la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la investigación por prescripción contra María Soledad Iparraguirre, «Anboto»; Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería»; y Mikel Albisu, «Mikel Antza» por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997.
Tanto la asociación que preside Daniel Portero como el PP y la Fundación Villacisneros –no así la AVT ni Marimar Blanco, hermana del concejal del PP asesinado– han pedido al alto tribunal que anule el archivo respecto los tres exdirigentes etarras. Un carpetazo que ha dejado como único procesado por estos hechos al también exjefe de ETA José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri».
En su recurso, Dignidad y Justicia sigue defendiendo que «como integrante del aparato de dirección de ETA», Iparraguirre fue «responsable del diseño, planificación y mandato de secuestrar y posteriormente asesinar» a Miguel Ángel Blanco. Por eso, asegura que ese archivo vulnera el derecho a la tutela judicial, a la seguridad jurídica y a un proceso con todas las garantías, así como a la igualdad de armas en el proceso.
En primer lugar, la letrada de la asociación de víctimas, Vanessa Santiago, asegura en ese recurso que la defensa de «Anboto» recurrió su procesamiento «habiendo transcurrido con creces el plazo». Pero, sobre todo, según DyJ el posicionamiento de la Audiencia a favor de la prescripción «se aparta de manera radical e irrazonable» del criterio sustentado hasta ahora en relación a su aplicación a hechos no prescritos cuando en 2010 entró en vigor «la imprescriptibilidad del asesinato terrorista en nuestro Código Penal» (cuando habían pasado únicamente trece años desde la acción criminal).
La asociación incide en «el significado, impacto y trascendencia» que tuvo el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, que considera «uno de los delitos más execrables vividos por la sociedad española contemporánea, en el que una organización terrorista, para la consecución de unos objetivos políticos, intentó poner en jaque al Estado de Derecho y mantuvo en vilo a toda la sociedad civil española durante tres días». «Todo ciudadano español que cuente con más de 35 años de edad en la actualidad tristemente sabe con exactitud que hizo durante los días 10 a 13 de julio de 1997», subraya.
En todo caso, defiende que el plazo de prescripción de 20 años se ha interrumpido desde la acción criminal, sobre todo con motivo de un informe de la Guardia Civil de 2002 que «recoge expresamente un resumen de imputaciones con referencia expresa» a Iparraguirre «como integrante del Comité Ejecutivo de la organización terrorista ETA» junto a Mikel Albisu, «Iñaki de Rentería» y «Kantauri». Desde la incorporación de ese informe al procedimiento, señala, este no ha estado «paralizado por el tiempo necesario para ganar la prescripción los hechos investigados».
Asimismo, la asociación recurrente entiende que sendas providencias de enero de 2006, al dirigir el instructor la investigación judicial contra la cúpula de ETA, también interrumpieron la prescripción respecto a «Anboto», como también diversas actuaciones ante la Justicia francesa –entre ellas la comisión rogatoria librada a Francia en relación a José Francisco García Gaztelu, «Txapote»– «que revelan esa voluntad de dirigir la investigación respecto de los responsables o jefes de la organización terrorista ETA».
Asimismo, la abogada de DyJ recuerda que la entonces fiscal del caso, Olga Sánchez, preguntó expresamente a García Gaztelu «quiénes eran los miembros del Comité Ejecutivo» de ETA en 1997. Una pregunta, resalta la asociación de víctimas, que al ir dirigida «a quien posteriormente fue condenado como autor material» del secuestro y asesinato del concejal del PP, «no puede revelar sino el interés de dirigir la investigación también contra quienes formaban parte del Aparato de Dirección de la organización terrorista».
Motivos suficientes, argumenta, para concluir que ese plazo de veinte años que aboca a la prescripción se vio interrumpido con actuaciones procesales que ya tenían en el punto de mira a Iparraguirre por el asesinato del concejal del PP en Ermua.
