El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no atiende las quejas de una de las acusaciones populares del "caso Koldo" sobre la unificación de la acción popular que ha dejado fuera de los interrogatorios a seis de las siete acusaciones personadas. Tras la queja planteada por una de ellas, la Asociación Liberum, al órgano de gobierno de los jueces, la Unidad de Atención Ciudadana, dependiente del promotor de la acción disciplinaria, ha contestado que no puede tomar cartas en el asunto por que carece de competencia para intervenir en reclamaciones "basadas en discrepancias o desacuerdos" con decisiones judiciales.
En la respuesta a los abogados de Liberum Inmaculada Jaén y Alexis Aneas, el Consejo aclara que no puede intervenir en los desacuerdos "con lo decidido por jueces y magistrados en el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales o por los letrados de la Administración de Justicia en sus resoluciones procesales". En ese escrito -al que ha tenido acceso LA RAZÓN-, el CGPJ recuerda que de conformidad con el artículo 6.2 del Reglamento que regula las quejas y denuncias ante la institución, "la actuación de esta unidad podrá instar la adopción de medidas con estricto respeto en todo caso a la potestad jurisdiccional del juzgado o tribunal".
Algo que, subraya, no se da en este caso. "Cuanto plantea en su queja afecta a cuestiones que solo pueden plantearse y resolverse dentro del procedimiento correspondiente", aclara. En todo caso, añade, la presentación de la queja ahora desestimada "no suspende los plazos establecidos en las leyes para el ejercicio de cualquier recurso, acción o derecho que pudiera asistirle".
La acusación popular reclamó al Consejo que interviniese para "corregir" la decisión del instructor, Leopoldo Puente, de unificar a las acusaciones populares bajo la representación del PP, que fue la primera en personarse, lo que deja al resto fuera de los interrogatorios y sin acceso directo a las notificaciones. Pero en opinión de la Asociación Liberum esto "impide la defensa en el libre ejercicio de la profesión de la abogacía".
Se trata, se quejaba, de "prohibiciones o impedimentos" en el ejercicio de su labor profesional como acción popular (que ejercen, además del PP y la Asociación Liberum, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa, Manos Limpias y Adade). Unas "severas limitaciones" que, protestaban sus letrados, no se acordaron en la resolución en la que el instructor acordó la unificación de las acusaciones populares con el objetivo de evitar dilaciones "ni se ha fundamentado en norma procesal alguna".
"La unificación no debe en ningún caso impedir ni menoscabar el legítimo derecho de ejercer la acusación popular", argumentó la acusación, que instaba al CGPJ a garantizar su acceso a "un procedimiento con todas las garantías" y a preservar el principio de igualdad de armas entre las partes.
Y es que la asociación considera que impedir a siete de las acusaciones estar presentes en la declaración, y ni siquiera poder seguirla por videoconferencia desde otra sala, acarrea una "inferioridad de condiciones" que "no puede salvarse" con la puesta a su disposición "de forma tardía" de la grabación de las comparecencias, pues de esta forma se les sitúa en desventaja respecto al PP, la Fiscalía Anticorrupción y las defensas de los tres investigados, que "en tiempo real tienen acceso a las declaraciones".
