El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una proposición no de ley para la adopción "urgente" de medidas de protección de los menores tutelados para su discusión en Pleno donde subraya que "si en 2018 eran 30 víctimas, en 2023 el número ascendió a 88" por lo que "se trata de un incremento del 193,3%", subrayan.
En concreto Vox recuerda en su texto el escándalo de las menores tuteladas en Baleares un hecho que supuso el primer caso con alcance mediático relevante, pero que, advierten, no será el único. "En Murcia, en febrero de 2024, dos chicas tuteladas de 14 y 15 años sufrieron agresiones sexuales y fueron obligadas a prostituirse", denuncia el partido que lidera Abascal. Además, en abril de este mismo año se detuvo a un varón de 25 años por agresión sexual a dos menores tuteladas en un centro de Álava o en mayo, en Asturias, "se ha descubierto otra trama de prostitución y agresiones sexuales a menores por parte de las administraciones públicas, en la que ha habido cinco víctimas de entre 13 y 17 años".
Por ello, Vox se ha hecho eco del estudio realizado en 2023 en Cantabria al 81,7% de los menores tutelados entre 14 y 17 años: "El 13,2% respondieron al cuestionario afirmando haberse desnudado o dejado fotografiar o filmar a cambio de dinero o recompensas como alcohol, drogas o regalos. Casi uno de cada 10 (8,3%) aseguró haber dejado que tocasen sus órganos sexuales o haber tocado los de otra persona, y el 10,7% ha llegado a mantener relaciones sexuales completas", denuncian.
Ante estos datos, el Grupo parlamentario que lidera Santiago Abascal alerta de un "problema que se encuentra en una tendencia alcista" como confirman desde el Ministerio del Interior a Vox en una pregunta parlamentaria que le hicieron por escrito.
Ante este escenario, Vox reclama "considerar que el hecho de hallarse la víctima bajo régimen de tutela o guarda residencial sea un agravante de la responsabilidad criminal en casos de delitos sexuales cometidos contra menores", Además reclaman que se impulsen las reformas necesarias para asegurar que la intervención judicial tiene lugar tanto en la valoración como en la decisión de la declaración de desamparo de los menores. También piden que se agilice y desburocratice la toma de decisiones de los organismos de tutela, promoviendo así mismo que estos procedimientos sean homogéneos en todas las regiones de España, favorecer que no peligre la integridad física psíquica del menor, que cuando haya evidencias de que se ha recuperado la capacidad de ejercer la patria potestad debidamente se garanticen las condiciones adecuadas para el menor, promover un procedimiento de retorno ágil, incentivar el acogimiento de los menores en familias en lugar de en centros residenciales o promover una estrecha colaboración entre autoridades públicas, las de los centros residenciales de menores tutelados, las familias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los casos de menores fugados.
