El Tribunal Supremo prevé adherir el volcado de más teléfonos que complican el futuro judicial del fiscal general del Estado. El magistrado que le investiga por presunta revelación de secretos así lo deslizó este jueves en un auto en el que acordó la citación de cuatro testigos clave, entre los que destaca la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. La fiscal, que ya declaró en el procedimiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se ofreció a aportar los mensajes que recibió de Álvaro García Ortiz sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Ahora, el Tribunal Supremo no descarta estudiarlos.
"Conviene oírle en la misma condición, porque, con independencia de que pueda reiterarse en alguno de los aspectos sobre los que ya declaró, conviene que aporte información en relación con el intercambio de mensajes que mantuvo con el Fiscal General del Estado, así como valorar el ofrecimiento que hizo para volcado de los correos electrónicos y WhatsApp que mantuvo con la Fiscalía General del Estado", reza el magistrado Ángel Hurtado en su auto.
El instructor ha citado tanto a Lastra como al fiscal de delitos económicos, Julián Salto, para que declaren en estas diligencias el próximo 16 de enero. El testimonio de la primera de ellas fue determinante puesto que explicó en su comparecencia de junio que García Ortiz le dio órdenes expresas para que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid difundiera una nota informativa redactada por la Fiscalía General del Estado que contenía extractos de los correos que el abogado de Alberto González Amador se intercambió con Julián Salto, el fiscal que le investigaba por dos delitos fiscales y falsedad documental.
Lastra expuso que, una vez que el fiscal general se hizo con todos los correos que guardaba Salto, ordenó preparar un comunicado para desmentir las noticias publicadas la noche del 13 de marzo acerca de que la Fiscalía había ofrecido un pacto al empresario. El problema es que dicha nota incluía información confidencial intercambiada entre el abogado Carlos Neira y el fiscal Salto y, ante el temor de que se pudiera cometer una irregularidad, Lastra instó al fiscal general a que le mandara las órdenes por escrito. Acto seguido recibió un correo electrónico con dichas instrucciones y, ya el14 de marzo, la Fiscalía Provincial de Madrid hizo pública dicha nota.
Tras su comparecencia, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid se ofreció a entregar un volcado de los correos electrónicos y los Whatsapps intercambiados entonces con el fiscal general y con la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada en estas diligencias. Así pues, si ahora el Tribunal Supremo incorpora estos mensajes se podría complicar el horizonte penal de García Ortiz, máxime después de que el análisis de su móvil desvelara que todos los mensajes intercambiados en aquellos días se han borrado.
La Guardia Civil se encontró con que en el teléfono personal de García Ortiz requisado en el registro de su despacho había "cero mensajes". La Fiscalía General del Estado defendió que se había borrado el contenido del dispositivo atendiendo a un protocolo de seguridad. No obstante, esta actuación ha abierto la veda para que el magistrado, a través de la UCO, rastree si García Ortiz tiene más terminales en los que no se hayan borrado los mensajes.
La muestra de que estos Whatsapps existen se encontró en el teléfono de Pilar Rodríguez. En el registro de su despacho -que se produjo en paralelo a la actuación de Fortuny- los agentes sí constataron que García Ortiz le envió Whatsapps desde el mismo momento en que se publicó la información desmentida sobre un posible pacto. La Guardia Civil los recopiló en un oficio en el que dejó patente que el fiscal general tuvo una "participación preeminente" en estos hechos y que, además de mensajes, también se produjeron llamadas telefónicas.
Por este motivo, Hurtado ha dado un paso al frente tras constatarse el borrado de su teléfono y ya abre la puerta a incluir nuevas fuentes de prueba. Así, además de encargar a la Unidad Central Operativa (UCO) el rastreo de teléfonos asociados al de García Ortiz, valora incorporar el volcado del teléfono de Almudena Lastra. A éste se podría sumar también el de Íñigo Corral, jefe de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid. Corral, que trabaja a las órdenes de Lastra, también declaró como testigo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, al igual que su jefa, ha puesto su teléfono a disposición de la autoridad judicial si así lo consideran.
Cabe destacar que el jefe de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid también ha sido citado como testigo en el Tribunal Supremo. En la primera comparecencia del día 16 declararán Lastra y Salto y, tras ellos, el día 21, harán lo propio Íñigo Corral y la responsable de prensa de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo. Hurtado justifica la testifical de esta última por ser de esta Fiscalía desde la que hubiera podido salir la información litigiosa.
