La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) halló un "arsenal" armamentístico en los diferentes registros que hizo en los domicilios del que fuera asesor del ministro de Transportes, Koldo García; del comisionista del "caso Koldo", el empresario Víctor de Aldama; o de uno de sus socios Rogelio Pujalte.
En concreto, en la casa que tiene Víctor de Aldama en el municipio de San Sebastián de los Reyes se halló una carabina de repetición de la marca "Tiger" del calibre 44mm para la que el empresario no tenía el permiso de armas obligatorio. De hecho, los agentes evidenciaron que no contaba con la documentación que “ampare su posesión de manera legal, entre ella la correspondiente guía de pertenencia".
En el marco de las 17 entradas y registros ordenadas por el magistrado, Ismael Moreno, que investiga el entramado de cobro de comisiones ilegales en las adjudicaciones de las mascarillas, se encontró a uno de los socios de Aldama, Rogelio Pujalte, una pistola de defensa personal eléctrica, conocida como Taser, y una porra extensible. Dos armas que están en el grupo de las "prohibidas" en nuestro país en virtud del Real Decreto 137/1993, del 29 de enero.
A Koldo García se le incautaron hasta nueve armas es el municipio alicantino de Polop de la Marina: incluía tres escopetas, una pistola Star, así como varios rifles, entre los que había uno modelo Browning, otros de calibre "winchester", otro "Steyr mannlicher", un "Ceska zbrojvka", uno "Tiger" y un último de marca no identificada. Todos estaban registrados a su nombre.
Según explica a LA RAZÓN la Unidad Central de Intervención de Armas de la Guardia Civil cuando se incauta una carabina, una defensa extensible o un táser, el procedimiento varía según su naturaleza y la legalidad de su posesión. “Según el tipo de arma se deposita en instalaciones policiales, en caso de Guardia Civil en las Intervenciones de Armas y Explosivos, donde permanecen custodiadas en instalaciones seguras”.
Para llevar a cabo la investigación, primero “se analiza su procedencia, registro y se evalúa si cumplen con la normativa. Para armas de fuego, por ejemplo, se debe verificar el número de serie y si el propietario tiene licencia”. Sin embargo, tanto la porra extensible como la Taser estarían dentro de las denominadas armas “prohibidas para particulares” por lo que en la investigación se considera de “inicio” ambas como “ilegales”.
Las “armas prohibidas”, subraya la Guardia Civil, “siempre se retiran, se custodian como evidencia y posteriormente se destruyen. En estos casos, no se contempla nunca su devolución”. Eso sí, tendrá que analizar la procedencia de esa Taser y de la porra extensible para saber de qué manera llegaron hasta el empresario y su socio. Y es que en esa trazabilidad primero se registra el arma y sus características, después se hacen las pesquisas para comprobar su legalidad y posible relación con delitos y finalmente se lleva a cabo el proceso de destrucción o custodia -si está vinculada a una investigación-.
En el caso de la carabina el arma se documentaría y tras comprobar el números de series, marca, categoría y etc., se pasaría a comprobar en el Registro Nacional de Armas (RNA) su legalidad, titularidad y trazabilidad.
El exasesor de José Luis Ábalos disponía de hasta nueve armas en su domicilio lo que motivó que el día de su registro, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tras un estudio previo, actuaran conforme al protocolo que hay para la detención de una persona que se sabe que tiene armas, ya que, por muy buena voluntad que haya al otro lado se desconoce el uso real de esas armas, si tienen o no munición, las intenciones de la persona a la que van a arrestar o de los que se encuentren en ese domicilio.
Koldo García disponía de armas de fuego para lo que en estos casos el procedimiento inicial sería el de registrar cada arma con su número de serie en dependencias policiales, "se verificaría su origen y su legalidad”. Si el propietario no contara con licencia para tenerlas, el arma sería considerada como "ilegal" de manera que "se pasaría a su intervención y custodia como objeto de convicción". Si el arma es legal y el propietario cumple con los requisitos que marca el Reglamento de Armas actual, "podría devolverse” a su propietario una vez se haya terminado con el procedimiento judicial.
En cualquier caso, se investigará siempre su procedencia. El juez o la autoridad competente será quien finalmente determine su destino. “Si el delito es considerado como un indicador de riesgo para la seguridad ciudadana, se propone la revocación de la licencia, y el arma se deposita en la Intervención de Armas y Explosivos hasta la resolución de la revocación. Una vez transcurrido el plazo máximo de un año, el propietario puede enajenarla o cederla. En caso contrario, será destruida”, explican.
En todos los casos se investiga el origen del arma para determinar si es legal o ilícita, examinando cómo fue adquirida e identificando posibles intermediarios o puntos de venta no autorizados. Posteriormente, se analizan posibles vínculos que permitan localizar el origen exacto de su distribución. En casos con implicaciones internacionales, se colabora con organismos internacionales como Interpol o Europol para rastrear su procedencia y desmantelar redes de tráfico, un proceso habitual que se hace con todas las armas incautadas, explican desde la Unidad.
La cadena de custodia es muy exhaustiva. Una vez requisada, el arma se documenta mediante una hoja de cadena de custodia, donde se registran todas las etapas y situaciones que atraviesa, incluyendo el agente que la custodió. Posteriormente, el arma es trasladada y depositada en la Intervención de Armas y Explosivos, donde permanece hasta que se le dé el curso legal establecido por la normativa correspondiente.
Antiguamente, algunas de las armas que eran incautadas llegaban a ser subastadas sin embargo esta práctica ya no se hace. “Actualmente se destruyen por seguridad, solamente podrían salir a subasta si tienen un valor histórico”.
Cuando se funden las armas, se siguen unos protocolos para garantizar la seguridad. El proceso generalmente se realiza en plantas especializadas de fundición o empresas autorizadas que cuentan con las tecnologías y autorizaciones necesarias para proceder a esa fundición de armas. "La Guardia Civil siempre está presente para supervisar el proceso y garantizar que se realiza de manera correcta y conforme a normativa. Tras el proceso se levanta acta de la destrucción de las armas”, explican. Y es que “gracias a las medidas de control, el riesgo de que las armas lleguen al mercado negro es nulo”. Además, “se levanta acta para dar fe de su completa destrucción".
