No son pocas las dudas acerca de la nueva reducción de la jornada laboral a menos de 40 horas a la semana sin reducción salarial. Lo cierto es que fue la semana pasada, en concreto, el 20 de diciembre, cuando Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, anunció la aprobación de la jornada máxima de 37,5 horas semanales en España antes de que acabe el próximo año de 2025.
El departamento que dirige la también vicepresidenta segunda del Gobierno tiene la intención de que la ley obligue, a través de una disposición transitoria, a que todas las empresas cumplan con la norma a partir del 31 de diciembre de 2025. Por ello, el Ejecutivo español tendrá todo este tiempo para aprobar la norma en el Congreso y actualizar los convenios colectivos que tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias con el objetivo de cumplir con la jornada máxima de 37,5 horas y medias semanales en cómputo anual.
Dicho lo cual, el acuerdo no será aplicado hasta que no sea aprobado en el Parlamento. Y es aquí donde existe la duda. Trabajo tendrá que llevar al Congreso la reducción de jornada para su aprobación, con la duda de qué harán formaciones como Junts o PNV. Por lo tanto, aún no se conoce la fecha exacta en la que se comenzará a aplicar la reducción de la jornada laboral en España, por lo que habrá que esperar a ver qué ocurre en los siguientes meses del nuevo año, aunque todo apunta a que podría ser una realidad de cara a principios del año 2026.
La reducción de jornada no podrá tener como consecuencia la afectación de las retribuciones, ni la compensación, absorción o desaparición de "derechos más favorables o condiciones más beneficiosas", deja claro el texto del acuerdo.
Junto a la reducción de jornada, la medida incluye una normativa que pretenden mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Esta es la desconexión digital, la cual pretende permitir al trabajador no responder a los mensajes de la empresa cuando se encuentre fuera de su horario laboral. La regulación pretende incrementar las sanciones a las empresas que cometan esta ilegalidad.
El acuerdo recoge que todos los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales, a la desconexión digital y a protección frente a la videovigilancia y geolocalización. Las empresas, detalla el texto, deben garantizar que nadie se comunique ni solicite al trabajador una prestación laboral fuera de horario, tiempo en el que tendrá derecho a no estar localizable.
El derecho a la desconexión, se detalla, es "irrenunciable" y las modalidades de su ejercicio, los medios y las medidas adecuadas para garantizarlo se definirán en la negociación colectiva, donde se podrán establecer excepciones cuando concurran circunstancias excepcionales justificadas.
El Ministerio de Trabajo pretende establecer una serie de modificaciones que permitan tener un control más exhaustivo de las horas realizadas por los trabajadores, sus descansos y la realización de horas extras. La idea del ministerio es la de eliminar el registro horario en papel, obligando a que los trabajadores lo hagan de manera digital, para tener un mayor control de las horas de jornada de cada empleado.
Para ello, los empleados ficharán de forma personal y directa al inicio y finalización de cada jornada y registrarán todas las interrupciones de la misma que afecten a su cómputo, identificando además si las horas realizadas son ordinarias, extraordinarias o complementarias.
Además, los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán acceder al registro en el centro de trabajo o en remoto y en cualquier momento. La empresa deberá conservar los registros y los resúmenes durante cuatro años y, si incumple la normativa, "se presumirá como realizada la jornada ordinaria de trabajo, así como las horas extraordinarias y complementarias manifestadas por la persona trabajadora, salvo prueba en contrario".
El Gobierno se da un plazo de seis meses desde la aprobación de la ley para la puesta en marcha de los cambios en el registro horario con un desarrollo reglamentario específico. El pacto también establece que transgresión de las normas sobre jornada se considerará infracción grave. En el caso de ausencia de registro o falseamiento de datos se computará esa infracción por cada persona trabajadora afectada.
