El Gobierno hizo oficial el domingo en el BOE la aprobación del paquete fiscal aprobado el jueves en el Congreso, que establece medidas como el impuesto sobre las comisiones y los intereses de la banca, un nuevo tributo mínimo global del 15% a las empresas multinacionales o el gravamen sobre los vapeadores, entre otros impuestos. Esta reforma fiscal aprobada en la Cámara Baja con los votos del Gobierno y sus socios habituales (ERC, Junts, Podemos, Bildu y Coalición Canaria) va a incrementar aún más la presión impositiva sobre empresas y ciudadanos, ya en cifras récord. Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez finalizará este año con una recaudación impositiva 88.000 millones por encima de la que hubo en el año 2018, cuando se inició su primera legislatura –85.000 millones en impuestos e IRPF y otros 2.859 del impuestos temporal a banca y energéticas–, «lo que acredita que el Gobierno ha subido todos los impuestos a los españoles y, por ello, ha habido un incremento de recaudación», recuerdan desde el Partido Popular, que apuntan que solo en cotizaciones sociales se habrán recaudado a finales de este año 50.000 millones por encima de la recaudación de 2018.
Por tanto, en total, entre Hacienda y la Seguridad Social, se habrán recaudado cerca de 140.000 millones más que en 2018 –los 323.717 millones de aquel año frente a los 461.718 del que está a punto de finalizar–, un 43% más. Comparado con el año 2023, se recaudarán 32.283 millones extra al final de este ejercicio. «81 veces se han subido los impuestos por parte del Gobierno, más el último hachazo aprobado la semana pasada, que significará que los españoles paguen otros 9.000 millones más de impuestos como mínimo», inciden desde el PP, que para valorar el efecto del IRPF sobre «este incremento tan importante de la recaudación total superior al 60% sería necesario tener en cuenta otras variables que nos permiten observar como la no deflactación de la tarifa es la que lleva en parte a ese incremento».
Según explican, el crecimiento de la recaudación de un 30% no va en consonancia con la del PIB, que lo ha hecho un 21,43%, ni con los afiliados a la Seguridad Social –9,2% más–, «lo que acredita que el aumento de recaudación se debe en gran parte a un incremento de parámetros como la afiliación, pero otra parte muy importante se ha producido por el incremento de los impuestos». Una realidad que queda más clara si la comparativa se hace entre la recaudación del IRPF frente a una subida del empleo. Mientras que lo primero se ha disparado un 45% lo segundo lo ha hecho un 9,20%.
Solo en cotizaciones sociales, la diferencia entre el año 2018 (114.999 millones) y 2024 hasta noviembre (151.606 millones) apunta una diferencia de 36.000 millones. Si se cumplen las previsiones realizadas por el PP, al final de este año 2024 la recaudación de cuotas sociales acabará por encima 165.000 millones, lo que representan 50.000 millones más que en el año 2018, un incremento de un 43,5% y 11.000 millones por encima del año 2023.
El aumento de la presión fiscal ha colocado a nuestro país como el quinto país de la OCDE en el que más ha aumentado el peso de la fiscalidad entre 2010 y 2023, al representar ya el 37,3% del PIB, superando así la media del 33,9%. Durante estos 13 ejercicios, los impuestos y las cotizaciones sociales en España crecieron más de seis puntos de PIB, una cifra que sólo superaron Japón (8,2 puntos), Eslovaquia (7,6), Grecia (7,5) y Corea del Sur (6,5). La OCDE estima que el mayor peso en los ingresos fiscales de España correspondió a las contribuciones a la Seguridad Social, con un 34,1%, frente a la media del 24,8% de la OCDE, mientras que los impuestos sobre la renta de las personas físicas supusieron el 24,1%, frente al 23,6% de media en la organización.
Y esta presión irá a más. Ya lo avisó Pedro Sánchez a inicios de septiembre en el acto de apertura del curso político, que todavía hay margen para un alza impositiva de 60.000 millones de euros. Esa cantidad corresponde a los cuatro puntos porcentuales del PIB a los que asciende la brecha de presión fiscal entre España y la media de la Unión Europea.
Para Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, estas cifras se quedan cortas y defiende que hay que elevar la presión fiscal incluso por encima de esos cuatro puntos tras advertir que con la revisión del INE de las cifras del PIB, esa distancia se puede elevar hasta siete puntos más y sumar otros 80.000 millones de euros de presión fiscal.
Para el PP, esta revisión del PIB por parte de Estadística «se ha producido principalmente sobre la demanda interna y sobre el gasto público. Con lo que si el crecimiento se basa en el gasto público y éste es contra deuda, España tiene un grave problema que nos va a complicar el futuro».
El IEE, en su último informe sobre la competitividad fiscal, con datos de Eurostat, constató que trabajadores y empresarios afrontan un aumento del esfuerzo fiscal casi un 18% por encima de la Unión Europea, con una presión fiscal del 39%, a solo un punto de la media comunitaria. Un incremento de la carga tributaria que ha llegado por la introducción de nuevos tributos y por la reforma o la transformación al alza de los ya existentes, con una afectación directa sobre la tributación y la cotización empresarial, el ahorro y la inversión.
Pese a estos récords de recaudación impositiva continuados, la deuda pública se ha disparado a cifras récord, por encima de los 1,63 billones.
