David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, considera que su citación como imputado el próximo 9 de enero es "sorpresiva" porque la jueza Beatriz Biedma -que le investiga por tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude fiscal- no ha acreditado los indicios que justifican su comparecencia judicial. Así lo pone de manifiesto en el escrito en el que respalda el recurso de apelación de la Fiscalía contra esa decisión de la instructora.
En esas alegaciones, presentadas ayer mismo y a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, su defensa se queja a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz de que de persistir en su citación, la magistrada vulnerará su derecho a la tutela judicial efectiva y le causará indefensión. Y es que, recalca, su citación se fundamenta "en aquello que la Fiscalía rigurosamente entiende no verificado", por lo que replica a la jueza -que esgrimió que debe comparecer como cualquier ciudadano investigado judicialmente- que esa decisión "nada tiene que ver con la garantía de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley". Biedma, dice, "suplanta" la necesaria motivación que se requiere para citar a declarar a un investigado "por pretendidos dogmas de estadística o de uso forense"
Su abogado defiende que David Sánchez -cuya contratación por la Diputación de Badajoz en 2017 investiga Biedma- debe conocer los indicios contra él antes de acudir a los juzgados. "Si diferimos la puesta en conocimiento a los investigados" (también está citado el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo) "de los hechos que se le atribuyen y su presunta participación en los mismos al momento de su comparecencia en el juzgado -advierte- se estará produciendo su efectiva indefensión", por lo que su imputación "habrá de ser calificada de sorpresiva". Y deja claro que si no es así se lesionaría su derecho fundamental a la defensa porque "ni a los detenidos por delito flagrante se les coloca en tal situación de indefensión material". Pero va más allá y considera que si Biedma no salvaguarda "esa y otras garantías constitucionales", estaría obligada a acordar "la suspensión del acto procesal".
La defensa de David Azagra, nombre artístico de David Sánchez, afirma que lo que cuestiona no es tanto que el hermano del presidente del Gobierno tenga la oportunidad de "explicarse", sino "el déficit evidente de motivación" de los motivos que esgrime la magistrada para citarle a declarar como investigado. Y es que, insiste, tanto David Sánchez como el resto de imputados "tendrán que saber con precisión ante lo que se enfrentan antes de sentarse en el estrado de la sede del órgano jurisdiccional, y no inferirlo meramente".
Su abogado rebate la argumentación de que, como cualquier ciudadano investigado, está obligado a comparecer a declarar, una invocación que tacha de "confusa" porque "muchos procesos penales se cierran sin haber escuchado al querellado o denunciado, sin que esto provoque ninguna secuela reseñable, entre otras razones porque no existe ninguna norma de derecho positivo que lo impida". Y en todo caso, afirma, "si las declaraciones de las personas querelladas constituyen un acontecimiento procesal tan frecuente y hasta saludable no comprendemos por qué el Juzgado de Instrucción no ha acordado antes la procedencia de la comparecencia".
David Sánchez vuelve a invocar el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) para defender su inocencia y se refiere a esas conclusiones policiales (que descartan que posea 1,4 millones de euros en acciones, como afirmaba la denuncia inicial de Manos Limpias al atribuirle un supuesto enriquecimiento ilícito) un "punto de inflexión en el entendimiento global de este procedimiento", "un antes y un después".
De hecho, cree que ese dictamen de la Guardia Civil "constituye un auténtico paradigma de la tendenciosidad con la que se redacta la denuncia" que dio origen al procedimiento, en la medida en que -hace hincapié- "la mención a las acciones bancarias de nuestro representado y sus ensoñados millonarios réditos" han resultado ser "erróneas" tras "las preceptivas certificaciones bancarias" remitidas por el BBVA al juzgado.
Su abogado subraya que los hechos que relaciona ese informe de la UCO "son palmariamente extraños" a David Sánchez, porque "no tiene nada que ver" con "la creación de un puesto de alta dirección" (el de coordinador de conservatorios primero, en octubre de 2016, que luego se le adjudicaría en agosto del año siguiente, y con el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, que pasó a ostentar a partir de 2022 sin que mediara concurso alguno). "No tiene nada que ver con la confección de una memoria justificativa para su dotación, ni con las opiniones que pudieran haberse vertido sobre su pertinencia", añade, al igual que es ajeno a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que validó el cambio de denominación de su puesto, "al margen de que se desconoce también qué hay de delictivo en ello". En cualquier caso, recalca, "no asoma ni una sola mención a su persona en lo que tiene que ver con la toma de decisión administrativa".
David Sánchez cierra filas con la Fiscalía después de que Biedma le reprochara que recurriera su citación como investigado, algo que tildó de "absolutamente extraordinario" al no ejercer la defensa del imputado. Para su letrado, una consideración así "debilita extraordinariamente el discurso judicial" y reclama "respeto a las prerrogativas constitucionales y ordinarias que en un estado democrático y de derecho se le asignan a un ciudadano que ostenta el estatus de investigado". Algo que, asegura, la Fiscalía puede recurrir. "Lo que se exige para poder combatir una resolución judicial es el hecho de ser parte, y la Fiscalía lo es, con toda legitimidad".
Según su criterio, la magistrada recurre a argumentos "de sesgo formalista" para "desviar el objeto auténtico de la pretensión de la Fiscalía" con su recurso. Y le reprocha que mientras "avalaba" sus decisiones judiciales "no se le cuestionaba nada, pero ahora sí".
