Pedro Sánchez realizó el pasado lunes el tradicional balance de fin de año. Una comparecencia en la que presentó la actualización de «Cumpliendo», un informe sobre el grado de cumplimiento de los compromisos de legislatura asumidos con los socios de investidura y con los ciudadanos. Entre los pendientes, al cierre de 2024, el Gobierno encadenará otro año más sin celebrar el debate sobre el estado de la nación. Sánchez ha huido sistemáticamente de esta gran cita parlamentaria, hurtando al Congreso el principal debate sobre política general, pues en los seis ejercicios que lleva en el poder, solo ha celebrado uno: fue en 2022, cuatro años después de llegar a La Moncloa.
El debate sobre el estado de la nación se ha celebrado en España desde 1983 de manera casi ininterrumpida hasta que en 2015 la fragmentación parlamentaria convirtió la excepción en norma. Porque la excepción se prevé para los años electorales y en 2016 se produjo la primera repetición electoral, en 2017 el referéndum de autodeterminación en Cataluña y en 2018 la moción de censura a Mariano Rajoy. Por todo ello se evitó su celebración. Con la llegada de Sánchez a La Moncloa la inestabilidad política y la debilidad aritmética han motivado que se relegue esta gran cita parlamentaria para evitar exhibir sus carencias aritméticas.
Sin embargo, en esta ocasión la ausencia del debate es todavía más llamativa después de que el Gobierno incluyera en su «Plan de Acción por la Democracia» –el compendio de medidas que se alumbraron tras los cinco días de reflexión de Sánchez– la obligatoriedad de celebrar esta cita con carácter anual. Bajo el pretexto de «reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral», el Ejecutivo ideó una serie de instrumentos para la «promoción de la transparencia del sistema político y de los procesos electorales» en los que «considera oportuno dar estabilidad a este mecanismo de transparencia y rendición de cuentas del Gobierno, estableciendo una obligación reglamentaria de celebrar el debate sobre el estado de la nación con carácter anual».
Cuestionados por la decisión de volver a dejarlo en suspenso en 2024, fuentes gubernamentales se aferran a la concatenación de procesos electorales que se han sucedido en el primer semestre del año, culminando con la celebración de las elecciones europeas. El clima de campaña constante entre los socios que componen la mayoría de Sánchez, que ha llevado a dejar la legislatura en suspenso, incluso esquivando la obligación constitucional de presentar y aprobar unos Presupuestos, ha promovido también el incumplimiento de no someterse a este debate de política general.
Hay poco que vender. La paupérrima producción legislativa, marcada por las exigencias contrapuestas de sus socios de investidura complican la puesta de largo de una intervención en la que exhibir gestión. Sánchez ha preferido trocear el debate sobre el estado de la nación en diversas comparecencias monográficas sobre asuntos de actualidad con un formato más beneficiosos para el Gobierno, pues no hay propuestas por parte de los grupos parlamentarios que se tengan que votar a continuación. Esto, en un momento de máxima inestabilidad en el que Sánchez asiste cada semana a iniciativas en las que se visualiza el alineamiento entre el PP y algunos de sus socios de investidura, como el PNV y Junts, y que trasladan la sensación de una aritmética en colapso.
