El Gobierno ha aprobado un cambio importante en los requisitos para presentar la declaración de la renta. En el último Consejo de Ministros de 2024, se ha incrementado de 1.500 a 2.500 euros el límite de los rendimientos íntegros del trabajo procedentes del segundo y restantes pagadores que obligan a presentar dicha declaración. Este cambio tiene como objetivo aliviar las obligaciones fiscales de las personas con ingresos más bajos y simplificar el cumplimiento tributario para aquellos con múltiples fuentes de ingresos.
Con esta modificación, los contribuyentes que perciban hasta 22.000 euros anuales y cuenten con más de un pagador, no estarán obligados a declarar, siempre que los ingresos procedentes del segundo y restantes pagadores no superen los 2.500 euros. Hasta ahora, este límite estaba establecido en 1.500 euros, una cantidad que, según Hacienda, no reflejaba adecuadamente las necesidades de las rentas más bajas. El objetivo es reducir la carga fiscal y administrativa para aquellos que compaginan empleos o perciben ingresos complementarios.
Además, el decreto incluye una novedad dirigida a los Artistas de Arte Sacro, que ahora estarán expresamente clasificados en el grupo 861 de la sección segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas. Esto pretende otorgar mayor seguridad jurídica a estas actividades, evitando conflictos interpretativos sobre su clasificación tributaria. La medida responde a una demanda histórica de este sector artístico, que requería una regulación más clara y específica.
Sin embargo, no todas las novedades fiscales resultan en una reducción de obligaciones. El Gobierno ha mantenido la obligatoriedad de presentar la declaración de la renta para quienes reciban prestaciones por desempleo, independientemente de que superen o no los 22.000 euros anuales. Este cambio, introducido en mayo a través del Real Decreto-ley 2024, busca garantizar una mayor transparencia y control en la asignación y uso de estas prestaciones.
Desde el Ministerio de Hacienda, se ha enfatizado que estas modificaciones reflejan un enfoque equilibrado. Por un lado, se alivia la presión sobre los contribuyentes con menores ingresos; por otro, se refuerzan las exigencias en sectores donde se requiere mayor control y trazabilidad.
