El próximo 23 de enero se cumplen 30 años del asesinato en 1995 de Gregorio Ordóñez, concejal del PP en San Sebastián, la primera víctima de ETA entre la clase política con la que los terroristas iniciaban su sangriento camino de «socialización del sufrimiento», que pasaba por ampliar sus objetivos criminales más allá de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. No será este, sin embargo, un aniversario más en recuerdo del atentado que terminó con la vida del líder del PP en Guipúzcoa mientras se encontraba en el bar «La Cepa» de la parte vieja de la ciudad donostiarra junto, entre otros, a María San Gil. Y es que, según ha podido saber LA RAZÓN, en las próximas fechas el magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge tiene previsto acordar el procesamiento de los cinco exjefes de ETA investigados por su supuesta responsabilidad en el asesinato: Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería»; Mikel Albisu, «Mikel Antza»; José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri»; Julián Achurra, «Pototo»; y Juan Luis Aguirre Lete, «Isuntza».
De hecho, el instructor tiene de nuevo sobre la mesa la petición del PP de procesamiento de los cinco exdirigentes etarras por un delito de asesinato terrorista con agravante de alevosía, que ha sido respaldada tanto por la acusación particular que ejercen la viuda y el hijo del edil asesinado como por el resto de acusaciones: la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia (DyJ); el Ayuntamiento de San Sebastián y la asociación Equipo de Víctimas del Terrorismo. Todas ellas han solicitado a De Jorge que prorrogue otros seis meses la investigación, pues el plazo de instrucción expira el próximo 29 de enero, a fin de que acuerde su procesamiento y cite a declarar a los investigados para comunicarles la medida (lo que técnicamente se conoce como declaración indagatoria).
Por el asesinato del teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián ya fueron condenados Javier García Gaztelu, «Txapote», Juan Ramón Carasatorre, «Jon», y el etarra arrepentido Valentín Lasarte, pero ahora se trata de discernir la posible responsabilidad penal de la cúpula dirigente de la organización terrorista en la acción criminal, en la medida en que las órdenes para atentar contra políticos partían de la ZUBA o comité de dirección de ETA. De ahí que la hermana del concejal asesinado, Consuelo Ordóñez, consiguiera en 2015 que la causa se reabriera con este objetivo.
Para apuntalar esa supuesta responsabilidad resultan claves las declaraciones de dos etarras arrepentidos que, en el marco de la investigación por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, señalaron a la cúpula ante el entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón (aunque su testimonio se ha incorporado en cadena a varias causas contra exjefes de ETA impulsadas por Dignidad y Justicia).
Ambos exintegrantes de ETA aseguraron el pasado septiembre a García Castellón que la decisión de atentar contra políticos «la tomaba el Comité Ejecutivo», por lo que su autorización «era necesaria», lo que no sucedía, por contra, cuando se atentaba contra policías, guardias civiles y miembros del Ejército o cuando el objetivo era una casa cuartel, pues en ese caso –según manifestaron– eran los propios «comandos» los que adoptaban la decisión.
Preguntado expresamente por el asesinato de Gregorio Ordóñez, uno de ellos dejó claro que el «comando Donosti» no podría haberlo hecho «de ninguna de las maneras» sin autorización del comité ejecutivo.
En cuanto al atentado contra el concejal del PP en San Sebastián, que fue asesinado en un restaurante muy cercano al Ayuntamiento cuando, a raíz de los seguimientos que le realizaba, Valentín Lasarte se percató de que Ordóñez iba a comer al bar «La Cepa» y avisó a «Txapote» y Carasatorre, el terrorista arrepentido señaló que en ese caso intuía que desde el Comité Ejecutivo «se lo habrían dicho con anterioridad» al «comando Donosti».
Tras la desarticulación de la cúpula de ETA en Bidart (Francia) en 1992, a partir de julio de 1993 el objetivo de los terroristas se enfocó en militantes y dirigentes del PP y del PSOE con el propósito de «desestabilizar» al Estado para intentar forzar al Gobierno a sentarse a negociar. El asesinato de Ordóñez fue el primer golpe de esa estrategia. Para la Guardia Civil no hay duda de que fue la cúspide de ETA en Francia quien dio la orden. Así lo puso de manifiesto en un informe de 2015 en el que situaba en esas fechas en la cúpula etarra a los cinco exjefes imputados. Para el Instituto Armado, «Iñaki de Rentería», «Kantauri», «Pototo», «Mikel Antza» y Aguirre Lete participaron al menos «en la toma de decisión del asesinato de Gregorio Ordóñez».
Tanto «Mikel Antza», exresponsable del «aparato político», como «Iñaki de Rentería» (antiguo jefe de los aparatos «militar» y logístico de ETA entre 1992 y septiembre de 2000, cuando fue detenido) –ambos en libertad– negaron al juez por videoconferencia cualquier relación con el atentado, mientras que los otros tres investigados se acogieron a su derecho a no declarar.
Dos años después del asesinato, en 1997, la Guardia Civil intervino al «comando Vizcaya» dos cartas manuscritas que atribuye a «Kantauri» en las que constan consignas como estas a los miembros «liberados» del «comando»: «Es muy importante darles a los políticos del PP» o «cualquier político del PP es objetivo», insistiendo en secuestro de concejales. «Si no podéis hacer un secuestro, darle en toda la cabeza. Pero tener en cuenta que es el secuestro lo que crea inestabilidad y contradicciones mayores por su dureza», se alentaba a los pistoleros.
La Guardia Civil sostiene en ese informe clave que los cinco investigados jugaron, como integrantes del comité ejecutivo de ETA, un «relevante papel» a la hora de dar las órdenes para asesinar al concejal del PP. Y es que, según pusieron de relieve, en esos años, «nada se hace, nada se mueve en ETA que no conozca y coordine y en la mayoría de los casos autorice el comité ejecutivo». En consecuencia, subrayaban, era la ZUBA la que se ocupaba de «controlar y dirigir toda la actividad» de ETA.
