Durante las siete últimas décadas, los ciudadanos de la Unión han disfrutado del período de paz, de prosperidad y de libertad más amplio que ha existido en ninguna otra época de su historia.
Durante la II Guerra Mundial, millones de europeos dieron su vida luchando contra el nazismo defendiendo su libertad y su soberanía. A la finalización del conflicto, la evolución de los aliados fue diferente. Mientras EEUU, Reino Unido y Francia impulsaron decididamente procesos de democratización en Alemania e Italia, Rusia extendió su régimen totalitario a los estados satélites situados en su área de influencia ya definida por los zares o por el pacto Hitler-Stalin firmado el 24 de agosto de 1939 (Molotov-Ribbentrop), que pretendía repartirse el mundo.
Evitando caer en extremos ideológicos que habían llevado al caos en Europa, la socialdemocracia y la democracia cristiana propiciaron un amplio acuerdo político y social que permitió la construcción de un modelo que combina desarrollo económico, justicia social y estabilidad política, y que se sustenta en una seguridad social universal, un acceso a la educación para todos, la sanidad universal, un mercado laboral regulado y la consolidación de los derechos sociales.
Sin embargo, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, así como las crecientes tensiones a las puertas de la Unión Europea, ponen en peligro este Estado de bienestar que se ha convertido en la admiración del mundo. En este sentido, es importante tener en cuenta que Putin a lo que realmente tiene miedo es a la libertad, porque pone en peligro su poder. Encarna el nacionalismo ruso que retorna al viejo imperialismo zarista y a su sucesor, la Rusia soviética.
Ucrania tiene derecho a la legítima defensa reconocida en la Carta de Naciones Unidas y la UE y el mundo democrático tienen la obligación de prestar toda la ayuda militar que sea necesaria porque, de no hacerlo, la condenaríamos a la derrota y pondríamos en peligro nuestra propia libertad. El 47% de la ayuda recibida por Ucrania proviene de la UE, que debe continuar con su apoyo el tiempo necesario hasta que se pueda alcanzar una paz justa.
Queremos la paz y odiamos la guerra. Pero no podemos subestimar a los regímenes autoritarios y debemos ser firmes frente a la agresión, evitando caer de nuevo en uno de los mayores errores de la diplomacia internacional del siglo XX, que con la política de apaciguamiento tanto fortaleció a Hitler. De esta manera evitaremos que tengamos que volver a oír lo que le dijo Churchill a Chamberlain el 5 de octubre de 1938 tras el Pacto de Múnich: «Se os dio a elegir entre la deshonra y la guerra. Elegisteis la deshonra y ahora tendréis la guerra».
Los conflictos actuales nos recuerdan que la defensa y la seguridad son un bien público básico y condición necesaria para el desarrollo social y económico. Hay que invertir más en defensa para que la disuasión sea efectiva y se puedan evitar los conflictos, garantizando la paz a largo plazo.
En un mundo global e interconectado, los estados deben protegerse de amenazas como el ciberterrorismo, la desinformación y las presiones geopolíticas. La inversión en defensa es invertir en tecnología avanzada, en innovación, en cohesión territorial o en empleo de calidad. Es apoyar una industria que contribuye a la balanza comercial de España con un superávit de más de 4.700 millones de euros.
Si algo caracteriza, además, a la industria de Defensa es que es un motor económico de alta productividad que genera empleos cualificados que tienen una retribución un 62% superior a la media de la industria nacional. Cada euro invertido en este sector tiene un efecto multiplicador en el tejido industrial y un retorno económico destacado. Según el último informe sectorial publicado por Tedae, en 2023 generó más de 215.000 puestos de trabajo y aportó casi 20.000 millones de euros al PIB nacional, además de una contribución fiscal a las arcas públicas de 7.000 millones. La seguridad es un derecho humano esencial que protege la paz y la convivencia, y que posibilita el desarrollo personal y colectivo. La protección frente a amenazas como los ciberataques o el terrorismo preserva vidas, pero además garantiza que las instituciones públicas puedan operar con normalidad, que las empresas sigan funcionando y que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos con libertad. Es un acto de responsabilidad para que nuestras sociedades puedan prosperar, manteniendo un firme compromiso con los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
*Ángel Olivares es ex secretario de Estado de Defensa y presidente de la Fundación Feindef
