El tejido empresarial español cuenta con una amplia cartera de clientes, aunque para mantenerla ocho de cada diez compañías se ven obligadas a aceptar plazos de pago superiores a los deseados, según se desprende del último Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España elaborado por Crédito y Caución e Iberinform.
Destaca que, del total de las 600 entidades encuestadas por Crédito y Caución e Iberinform, algo más de la mitad (51%) acaba aceptando plazos de pago superiores provenientes de grandes empresas, mientras que el 44% lo hace por parte de las pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales representan la inmensa mayoría del tejido productivo de nuestro país. Por su parte, la capacidad de los autónomos para imponer plazos de pago solo afecta al 13% de las compañías.
El problema también se extiende a las empresas que trabajan con el sector público, aunque en menor medida, pues solo el 45% tiene que aceptar plazos superiores a los deseados. En este caso, el peor comportamiento se da entre las Administraciones locales (30%), porcentaje que se reduce tanto en las Administraciones autonómicas (23%) como en las estatales (12%).
Al analizar cuáles son los principales motivos que empujan a imponer aplazamientos de pago, el 61% de las empresas cita a los problemas financieros por delante de otras razones como el retraso intencionado de los clientes (55%), la complejidad del procedimiento de pagos (18%), las disputas sobre la calidad de los bienes y servicios suministrados o la emisión de facturas incorrectas, en ambos casos de un 8%.
Asimismo, el estudio remarca que solo la mitad de las entidades de nuestro país (51%) trabaja con plazos de cobro inferiores a los 60 días fijados por la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. A pesar del mal dato, el porcentaje se ha reducido en un punto con respecto a los valores de hace un año, acercándose al comportamiento que tenían las compañías antes de la pandemia, cuando un 49% de las firmas trabajaba por debajo de los 60 días.
Aunque siempre es mejor retrasar el pago para garantizar el cobro, muchas empresas españolas todavía se enfrentan a impagos, algunos tan significativos que hay 130.000 compañías que corren el riesgo de cerrar por culpa de la morosidad, que continúa en niveles muy elevados en nuestro país. De hecho, casi la mitad de las firmas españolas (46%) reconoce que está afrontando pérdidas de ingresos significativas por esta razón, algo que repercute directamente en los costes financieros, la expansión comercial y la limitación de inversión.
