Cultivos arruinados, campos llenos de lodo que tardarán meses en recuperarse y daños millonarios. El paso de la peor DANA del siglo por la provincia de Valencia se cebó con todos y todo, incluido el campo. El Gobierno ha desplegado ayudas para hacer frente al impacto económico de la catástrofe, pero los agricultores valencianos advierten de que su planteamiento es erróneo e impedirá que las ayudas lleguen a los afectados.
En concreto, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) advierte de que más del 80% de los agricultores y ganaderos valencianos afectados por la DANA se quedarán sin las ayudas directas de 5.000 euros aprobadas por el Gobierno porque los requisitos establecidos en la normativa estatal excluyen a los productores a tiempo parcial y a los jubilados, que representan a la mayoría del sector agrario valenciano.
En un comunicado, la patronal critica también que las ayudas de minimis -las que prestan los Estados miembros de la Unión Europea a las empresas con una cuantía insuficiente para que tengan notificarse a la Comisión Europea- que van destinarse a aquellas explotaciones agrarias que, según las peritaciones de Agroseguro, sufran unas pérdidas superiores al 40% respecto a los ingresos medios de los últimos años, tendrán un límite máximo de 25.000 euros (sumando, en su caso, la ayuda directa de 5.000 euros), "una cantidad que generalmente resultará insuficiente para compensar los daños reales", apunta Asaja Valencia.
El Gobierno también contempla ayudas de hasta 150.000 euros para las empresas afectadas por la DANA, pero en aquellas con un volumen de ingresos menor de 2 millones de euros (la inmensa mayoría de las empresas agrarias) la cuantía no excede de 20.000 euros. Por todo ello, el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, demanda al Gobierno que "no discrimine a ningún productor que haya sufrido los estragos del temporal, dejándolo fuera de las ayudas directas.
"Las personas trabajadoras de otros sectores que dedican parte de su tiempo a cultivar campos y sobre todo las personas jubiladas que mantienen la explotación familiar porque no tienen relevo generacional se merecen un premio. Además, limitar las ayudas complementarias de minimis a un tope de 25.000 euros es irrisorio ante la magnitud de inversiones que requieren explotaciones arrastradas e incluso desaparecidas. Es una tomadura de pelo", añade.
España ha solicitado formalmente a la Unión Europea la activación de la reserva de crisis de la Política Agraria Común (PAC) para abordar los graves efectos de la DANA, así como la reprogramación temporal del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) y el uso de otros paquetes europeos específicos para la recuperación del potencial productivo afectado por desastres. AVA-Asaja insiste en que el Gobierno no pierda ni un euro de Europa que ayude a los damnificados y a evitar que catástrofes como esta vuelvan a ocurrir.
La asociación agraria también pidió frenar el ascenso de Ribera a comisaria europea por su "cuestionable" gestión de la DANA. "Su inacción y la falta de intervención directa para gestionar estos riesgos han evidenciado una serie de graves omisiones, con consecuencias devastadoras", explicó Asaja en una misiva enviada a Von der Leyen.
