El empresario Víctor de Aldama, comisionista de la "trama Koldo", volverá a declarar este jueves en la Audiencia Nacional a petición propia en relación a la investigación por el reparto millonario de comisiones en la adjudicación de mascarillas en pandemia por parte de varias administraciones, que recientemente ha llevado al Tribunal Supremo a imputar al exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos por cuatro delitos. Así lo ha acordado el juez Ismael Moreno en una providencia en la que responde a la petición que realizó la defensa del empresario el pasado viernes, solicitando una nueva declaración "inmediatamente", lo que agita las sospechas de que pretenda colaborar con la Justicia poniendo en un brete a Moncloa (en las conversaciones intervenidas, Aldama se refería como "el 1" a Pedro Sánchez, que negó conocer al empresario antes de que El Mundo publicara una fotografía junto a él en un mitin).
Aldama se encuentra en prisión provisional desde el pasado 10 de octubre -una privación de libertad que hace unos días ha ratificado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional-, aunque no en relación a esta causa, sino por la investigación sobre un presunto fraude de más de 180 millones de euros en el pago de impuestos de hidrocarburos. El tribunal avaló la existencia de un riesgo de fuga y de destrucción de pruebas para mantenerlo en la cárcel.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera a Aldama el "nexo corruptor" de la "trama Koldo" que conectaba, "con intenciones claramente espurias", al ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos con las empresas "bajo su control y dirección". Esas empresas, según la unidad policial, "no solo le proporcionan beneficios económicos directos derivados de la penetración en el ministerio", sino que recurría presuntamente a ellas "como vehículos para efectuar pagos ilícitos, o dádivas" con el objetivo de "asegurar la complicidad de ciertos trabajadores públicos".
Aldama, supuesto conseguidor de la trama, es un personaje clave no solo en la adjudicación de los contratos de mascarillas por parte de los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias entonces gobernados por el PSOE, sino también en el rescate de Air Europa, que se produjo cuando era consejero de la compañía aérea (entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, con un sueldo de 12.100 euros al mes). De hecho, en su exposición razonada remitida al Supremo (con la relación de indicios que acarrearon la imputación de Ábalos), el juez Ismael Moreno asegura que el presidente del Zamora CF "se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión final del rescate" cuando, como asesor de Air Europa, mediaba para desencallar el cobro de una deuda de 200 millones de dólares que Air Europa tenía pendiente con el Gobierno de Venezuela.
Las conversaciones intervenidas a los investigados revelaron el seguimiento que hicieron Aldama y el entonces consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo, puntualmente informados por Koldo García, en esas fechas asesor de Ábalos, de la reunión que mantuvo este el 16 de julio de 2019 con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la vicepresidenta y ministra de Economía Nadia Calviño. Una reunión que se produjo la misma tarde que estaba previsto que Aldama e Hidalgo "mantuvieran una reunión con Ábalos", por lo que mientras los dos empresarios esperaban "Koldo informaba a Aldama" de que el ministro estaba reunido con "Nadia". "Está en ello", "lo está arreglando", "es una máquina", "solo funciona con presión", le puso al corriente Koldo a través de WhatsApp.
El instructor del "caso Koldo" puso de relieve en la exposición razonada en la que solicitaba la imputación de Ábalos la existencia de indicios que vinculan "la decisión de contratar el material sanitario con Soluciones de Gestión", la empresa de la trama, con la compra "de un chalet para disfrute de Ábalos" por parte de Aldama a través de una supuesta red fraudulenta en el sector de los hidrocarburos a cambio de la obtención del título de operador para la empresa Villafuel, una mediación que "quedó comprometida" con la salida de Ábalos del Gobierno de Pedro Sánchez en julio de 2021.
Aldama también figura relacionado con las supuestas "contraprestaciones económicas" (un año antes de las adjudicaciones investigadas) que habría recibido Ábalos o "su entorno más próximo" por parte de la "trama Koldo", en particular respecto a los 82.298 euros que según el juez abonó, a través de un testaferro, "para pagar el piso de Jéssica, pareja de Ábalos" en el edificio Torre de Madrid a razón de 2.700 euros de alquiler al mes entre marzo de 2019 y septiembre de 2021.
Con este paso al frente, la defensa de Aldama se acoge así a lo que dispone el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite al investigado "declarar cuantas veces quisiere", por lo que si así lo solicita, determina que "el juez le recibirá inmediatamente la declaración si tuviese relación con la causa". Fue el propio empresario, según puso de manifiesto su representación letrada, quien manifestó "su intención de prestar declaración voluntaria" ante el juez Moreno, "contestando, en aras de garantizar su derecho de defensa, a todas las preguntas que se le puedan formular" por parte del instructor, la Fiscalía y su defensa (lo que excluye a las acusaciones populares). Por este motivo, instaba al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional a acordar su declaración -como ahora hace- "inmediatamente".
El juez convoca a la defensa de Aldama y a la Fiscalía en la sala de vistas del tribunal, mientras que acuerda que las defensas del resto de investigados y las acusaciones particulares y populares tendrán que seguir el interrogatorio por videoconferencia desde otra sala situada en la propia Audiencia Nacional.
