Cuando se cumplen 1.000 días de la invasión ilegal de las fuerzas rusas en Ucrania, cerca de un 20% del territorio de Ucrania (18% aproximadamente) está ocupado por Rusia, incluida la península de Crimea y grandes partes de las regiones de Lugansk y Donetsk que controla de facto desde 2014. El futuro de estos territorios estará en la eventual mesa de negociación sobre las salidas de la guerra. Pese al anuncio del presidente de Estados Unidos Joe Biden de dar luz verde al uso de armas largas en territorio ruso a dos meses de abandonar la Casa Blanca es difícil que se pueda producir un cambio sustancial en la línea del frente. La mayoría de ucranianos, no obstante, se niegan a reconocer la soberanía rusa de estos territorios.
«Es como vivir sin corazón», dice Oksana, que tuvo que huir de Mariúpol después de que el ejército ruso capturara la ciudad portuaria en la primavera de 2022 y que pide a este periodista que se oculte su verdadero nombre. Aunque Rusia está ansiosa por demostrar que está reconstruyendo la ciudad que quedó casi completamente destruida, la vida allí y en otros territorios capturados está impregnada de miedo. La mayor parte de la población se ha marchado y cualquier comunicación con los que se quedan se limita a lo estrictamente básico. «Cuando hablamos por internet con nuestros familiares que se quedaron a cuidar de sus padres ancianos y que se ocupan de nuestro apartamento, piensan muy bien cada palabra que dicen. Tienen miedo de que las autoridades rusas los estén escuchando», explica a este diario Oksana.
Este miedo no es infundado. Miles de civiles han sido detenidos por Rusia. Muchos fueron capturados en los primeros meses de la ocupación, cuando, acostumbradas a la libre expresión de sus pensamientos bajo el dominio de Ucrania, protestaron contra la llegada de los rusos. Uno de ellos, Sergiy Tsyjipa, periodista de «Nova Kajovka», fue condenado a 13 años de prisión en octubre de 2023 y ha sido sistemáticamente golpeado y torturado allí, según ha denunciado su esposa Olena.
Cientos de personas que tuvieron la suerte de ser liberadas cuentan que fueron golpeadas, electrocutadas y retenidas en el frío y sin comida ni agua suficiente, según informa la Iniciativa de Medios de Ucrania para los Derechos Humanos. El número exacto de detenidos es difícil de establecer, ya que la información procedente de los territorios ocupados es muy limitada: las familias de los detenidos a menudo evitan comunicarse con las organizaciones de derechos humanos por miedo.
La más mínima expresión de opiniones proucranianas es suficiente para causar problemas. Se borran todos los rastros de que los territorios pertenecieron alguna vez a los ucranianos, mientras que los niños son sometidos a una rusificación y militarización especialmente dura. A los niños se les enseña a usar armas desde una edad temprana y se les inculca el sentido del deber de defender la «gran Patria», mientras sus padres asustados mantienen la boca cerrada. A los estudiantes de tan solo 10 años se les enseña a pilotar drones en las partes ocupadas de Jersón, lo que les prepara para el futuro servicio militar en el ejército ruso. En Crimea, 30.000 niños pertenecen a la «Yunarmia», que los defensores de los derechos humanos ucranianos comparan con las Juventudes Hitlerianas de la Alemania nazi. Miles de ucranianos que vivían en las zonas ocupadas desde 2014 ya han sido reclutados por el ejército ruso. Cuanto más territorio de Ucrania se apodere Rusia, más soldados potenciales tendrá su ejército para su lucha futura contra Occidente, advierte el analista militar Mykola Bielieskov.
La economía está en un estado de depresión. Los precios han ido subiendo mientras que la calidad de los servicios y los bienes ha ido cayendo de forma constante. Rusia está utilizando la creciente pobreza y desesperación para imponer su ciudadanía a los que se quedan. «Hay gente que necesita el uso constante de medicamentos, como insulina para diabéticos o analgésicos para otras enfermedades. Lamentablemente, para recibir la ayuda necesaria, se ve obligada a llevar el pasaporte del país agresor», declaró Valeriya Lisichenko, portavoz del movimiento de resistencia no violenta «Lazo Amarillo», en un debate reciente.
El movimiento coloca cintas azules y amarillas, los colores de la bandera ucraniana, en los territorios ocupados, tanto para recordar a los rusos que no se sienten en casa como para fortalecer los lazos de la gente con Ucrania a pesar del aislamiento impuesto.
Otra forma en que Rusia intenta imponer su ciudadanía es obligar a los vecinos a registrar sus viviendas de acuerdo con sus leyes bajo la amenaza del desalojo, dice Anastasia Panteleivea, de la Iniciativa de Medios por los Derechos Humanos.
Algunos de los que habían huido de guerra hacia el territorio controlado por Ucrania emprenden un arduo y peligroso viaje hasta la zona ocupada, a través de otros estados, mientras que otros se niegan a hacerlo incluso a riesgo de perder sus hogares ocupados. «Me sentiría físicamente mal allí por la falta de libertad. Incluso si quisiera ir allí, me detendrían de inmediato», comparte Natalia, una empresaria de una ciudad costera que ahora vive en el oeste de Ucrania.
Rusia sigue expropiando cientos de apartamentos cuyos propietarios, ya sean asesinados o en la emigración forzada, no han llegado para volver a registrarlos, según Petro Andriushchenko, asesor de Vadym Boychenko, alcalde legítimo de Mariúpol. Si bien algunos vecinos cooperan voluntariamente con los rusos, son una minoría tanto en Mariúpol, como en las tradicionalmente más «ucranianas» de Jersón y Zaporiyia. La mayoría simplemente intenta adaptarse lo mejor que pueden a la situación. Muchos siguen resistiéndose y esperan que Ucrania devuelva todos los territorios bajo su control, dijo Lisichenko. El continuo éxodo de la población, la llegada de rusos que siguen a su ejército y el impacto de las políticas rusas amenazan con cambiar la balanza a favor del invasor.
