Caos, desorden y agonía hasta el final. Un episodio en el que hizo que, finalmente, el resultado fuese indiferente puesto que la fotografía final dejó clara una afirmación: el Ejecutivo es incapaz de ahormar a la mayoría del bloque de investidura. Ha perdido el control de esta y ayer demostró que se encuentra a expensas de la voluntad de sus aliados y pagando el precio que ellos pongan. No hubo espacio para un giro de última hora, pese a los sucesivos intentos.
El esfuerzo del Gobierno de dar más margen a la negociación con sus socios ha sido estéril. Pedro Sánchez vuelve a visibilizar su debilidad y su soledad ante unos socios que se han plantado con el paquete fiscal y que, de facto, complican el devenir de la legislatura. La Comisión de Hacienda, que ayer se reunió por tercera vez en una semana demostró lo evidente: la mayoría de investidura ha implosionado. Al filo de la una de la mañana, ocho horas después de que comenzase la comisión, el Gobierno lograba los votos suficientes para dar luz al informe de la ponencia en la Comisión y trasponer la directiva europea que impone un tipo mínimo a las multinacionales y dar luz verde a una reforma fiscal de mínimos.
El pesimismo cundió ayer en varios cargos gubernamentales, que ven cada vez más complicado sacar adelante las cuentas públicas y lamentaban todo el esfuerzo dilapidado en este acuerdo. Además, esto arroja un escenario complicado para encarar las próximas negociaciones que hay en el horizonte, concretamente las que tienen que ver con la senda de estabilidad y los Presupuestos. El salvoconducto para que Pedro Sánchez pueda agotar el mandato.
La imagen, además, que dejó la votación ayer fue la de un Gobierno sentenciado. Desde las cinco de la tarde hasta la una de la mañana, el Gobierno secuestró a los diputados para lograr sacar adelante el impuesto complementario para que los grupos multinacionales tributen un mínimo del 15% efectivo –una exigencia europea– y el paquete fiscal del Gobierno. La desesperación del PSOE era completa y le llevó a retrasar la votación hasta más allá de la medianoche en medio del tránsito de una jornada inédita y caótica. No en vano, una diputada del PP, al anunciar el presidente de la comisión el receso hasta las 23:00 horas gritó «¿dónde está la conciliación?» ante la incomprensión de la última maniobra del Ejecutivo para aprobar su paquete.
Logró sacar adelante el impuesto para las multinacionales a cambio de negociar in extremis con ERC, Bildu y BNG. A ellos comprometió la prórroga de un año más el impuesto a las energéticas a través de un real decreto ley, el cual obliga a que deba tramitarse en tan solo 30 días. El compromiso del Gobierno también incluye una promesa para aprobar el impuesto a la banca en su tramitación del proyecto de ley del impuesto a las multinacionales, que irá al pleno de este jueves. Es un brindis al sol, una huida hacia delante, por parte del Gobierno. Y es que Moncloa ha dado a ERC, Bildu y BNG lo que pactó suprimir a PNV y Junts, el impuesto a las energéticas.
Por tanto, es imposible de mantener el pacto fiscal en el tiempo y se verá de inmediato. Podemos ya ha avisado, además, de que no dará su visto bueno al pacto fiscal sin contar con un impuesto a las empresas energéticas. Y Junts no votará ningún texto que mantenga este impuesto. Lo rocambolesco de la jornada llevó a que, lo pactado entre el Gobierno, ERC, Bildu y BNG, fuera desmentido por parte de Hacienda minutos después de que saliese adelante la votación de la reforma fiscal. El ministerio de Hacienda, dependiente de la vicepresidenta María Jesús Montero, quiso "aclarar" que mantenía su acuerdo con Junts para "no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización".
A lo largo de la jornada, el Gobierno, eso sí, había logrado la subida del IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros o gravar los vapeadores, lo que llevó al PP a retirar su apoyo de facto a la ley. Los socialistas también lograron subir el IVA a los apartamentos turísticos, luchar contra el fraude de los hidrocarburos o mejorar la tributación de los artistas. Reformar el Impuesto de Sociedades o impedir que salieran adelante las propuestas de socios de izquierda como Sumar, Podemos, ERC, BNG o EH Bildu para reeditar el impuesto a las energéticas, sumando sus votos a los de PP y Vox. No logró, eso sí, transformar el gravamen a la banca en un impuesto que iban a gestionar las haciendas forales, como quería el PP, ni tampoco aprobó la subida de los diésel y la reforma fiscal de las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) que había pactado con Sumar.
El Ejecutivo necesita a todos todo el tiempo y las exigencias de sus aliados conservadores (PNV y Junts) chocan de lleno con los de la entente más alineada a la izquierda (ERC, EH Bildu y Podemos) imposibilitando un acuerdo conjunto. En esta ocasión ha sido el impuesto a las energéticas, que el Gobierno había pactado eliminar con Junts, el que ha hecho saltar la mayoría por los aires.
Carles Puigdemont vuelve a antojarse un factor desestabilizador incluso cuando logra llegar a un entendimiento con el Ejecutivo. De hecho, el enfoque de las negociaciones es lo que ha generado un profundo malestar entre los socios. Hacienda comenzó los acercamientos por el flanco derecho, con PNV y Junts, pensando que las suyas serían las resistencias más difíciles de vencer y que tras acercarles a posiciones «más progresistas» sería sencillo sumar a ERC, EH Bildu y Podemos. Nada más lejos de la realidad. Un socio del Gobierno advertía ayer: «esto es como una manta, cuando tapas a uno se te destapa el otro». La cuadratura del círculo que ayer desesperó al Gobierno. O la vista a "corto plazo" y el "desorden" de la legislatura, que denunció el portavoz del PNV, Aitor Esteban. El final, la votación, se saldó también con el reproche del PP, que acusó al Gobierno de “secuestrar” a los diputados y trabajadores de la cámara, así como a periodistas. “Es una falta de respeto a la Cámara y una degradación de la institución”.
