La reasignación de competencias de la Guardia Civil en las zonas afectadas por la DANA ha provocado la protesta de los agentes destinados allí, que califican el proceso de "opaco y precipitado". Consideran que el traspaso de competencias a la Policía Nacional es "innecesario" y carece de "una base jurídica sólida". Por este motivo, la asociación JUCIL ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, y ha pedido la adopción de medidas cautelares para suspender la decisión de Interior hasta que el recurso sea resuelto en los tribunales.
Una acción judicial que tiene como objetivo recuperar las competencias de los guardias civiles y anular, por tanto, la decisión adoptada desde Interior. En concreto, su escrito hace referencia a las localidades de La Torre, Horno Acedo, Sedaví, Benetússer, Alfafar (incluido el centro comercial MN4) y Massanassa. Porque, a su juicio, esa modificación "no sólo carece de justificación, sino que es contraria a Derecho por razones formales".
"Es innecesario e injustificado relevar a nuestros compañeros en estas funciones, especialmente cuando estaban plenamente operativos y preparados para hacer frente a las necesidades de seguridad tras la DANA", señala Agustín Leal, secretario de Comunicación de JUCIL. Asimismo, subraya que la decisión adoptada por Marlaska carece de una "base jurídica sólida e ignora tanto las competencias propias de los guardias civiles, como los principios de transparencia y legalidad". Por no hablar de que los agentes se enteraron de esa reasignación de competencias "a través de una nota de prensa" del ministerio.
Sobra decir, tal y como apuntan desde la asociación, que el Instituto Armado disponía de los recursos humanos necesarios para cubrir las necesidades de las localidades afectadas, ya que contaba además con una gran cantidad de efectivos voluntarios. Por este motivo, no entienden la actitud del ministerio y cargan contra un proceso de reasignación "opaco y precipitado, ya que no existe constancia de un acuerdo formal ni de su debida comunicación por medios oficiales, como exige la legislación administrativa".
En este sentido, desde JUCIL insisten en que, según la normativa vigente, la Guardia Civil debe encargarse de estas zonas, al no tratarse de una capital de provincia y dado que el Cuerpo dispone de los recursos humanos necesarios para cubrir adecuadamente estas localidades. "No podemos permitir que decisiones de este calado se tomen sin base legal y sin una comunicación formal. La seguridad y el respeto a la normativa deben prevalecer sobre cualquier otra consideración, especialmente en momentos de emergencia como el actual", afirma el secretario de comunicación de la asociación.
Por todo ello, solicitan la adopción de medidas cautelares que suspendan la decisión del ministerio de Marlaska hasta que el recurso sea resuelto en los tribunales. Según explica Leal, "no hay justificación ni en términos de operatividad ni de personal para esta reasignación y es fundamental que se respeten las competencias históricas y legales de la Guardia Civil en su ámbito territorial". Y en este punto, deja claro que "desconocen qué criterios y qué informes pueden existir, en su caso, para justificar esta medida", pero deberán ser aportados al procedimiento.
Desde la asociación han querido hacer hincapié en cómo impacta este tipo de decisiones en la estructura de la Guardia Civil. Así, explican que, al retirar a los guardias civiles de sus funciones en estas localidades, se alteran los despliegues territoriales y se dificulta la organización del Cuerpo en la provincia. Asimismo, recuerda que sus miembros han cubierto estas áreas de manera continuada y con gran esfuerzo durante la emergencia causada por la DANA.
En conclusión, esta asociación confía en que la Audiencia Nacional admita el recurso y suspenda la efectividad de la decisión hasta que se resuelva definitivamente, permitiendo así que los agentes de la Guardia Civil sigan desempeñando sus funciones en las localidades afectadas en las mejores condiciones y con total respaldo institucional. La solicitud de suspensión cautelar se ha solicitado de forma que no afecte a las labores desarrolladas en la zona. Y la mejor forma de conseguirlo, a su juicio, es mediante la sustitución del personal de la Policía Nacional por el de la Guardia Civil, en un plazo máximo pero razonable.
