El Ministerio del Interior de Rusia ha propuesto una nueva medida para que la policía asuma un rol en la protección de los "valores espirituales y morales tradicionales" del país. La iniciativa, presentada en un proyecto de decreto presidencial, tiene como objetivo añadir esta función a las tareas del Ministerio del Interior, en línea con el plan estatal de fortalecer estos valores hacia 2026. El documento, publicado en el portal estatal de información legal, sugiere que esta responsabilidad recaería sobre la policía, pero no ofrece detalles sobre cómo será implementada en la práctica.
La propuesta forma parte de un esfuerzo más amplio de Moscú para consolidar su política conservadora en el ámbito social, en sintonía con su postura restrictiva sobre temas LGBT. En los últimos años, Rusia ha intensificado las restricciones en torno a este colectivo, limitando sus derechos y visibilidad en la sociedad. En 2022, la Duma aprobó una ley que prohíbe cualquier “propaganda LGBT”, restringiendo representaciones públicas de la homosexualidad, el cambio de sexo y la pedofilia. A ello se sumó, en 2023, una prohibición que impide la realización de cirugías de cambio de sexo, una medida que ha provocado la preocupación de la comunidad trans y de organizaciones de derechos humanos.
La postura del Kremlin hacia el colectivo LGBT no es nueva. En una controvertida decisión, el Tribunal Supremo de Rusia prohibió el movimiento LGBT en el país, calificándolo como una “organización extremista”, una medida que fue promovida por el Ministerio de Justicia. Esta tendencia ha sido ampliamente criticada tanto en el ámbito nacional como internacional, aunque las autoridades han defendido las leyes anti-LGBT argumentando que responden a los valores “morales y espirituales” de Rusia. Recientemente, en una comparecencia ante la ONU, el viceministro de Justicia, Andréi Luguínov, aseguró que Rusia no persigue ni discrimina a la comunidad homosexual, y que la prohibición de manifestaciones públicas del colectivo refleja los principios culturales del país.
La reforma constitucional de 2020 consolidó esta posición, al redefinir el matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer, un cambio promovido activamente por el presidente Vladímir Putin. En diversas ocasiones, Putin ha enfatizado que mientras él esté al mando, no se reconocerán los matrimonios homosexuales en Rusia, argumentando que el país debe proteger sus valores tradicionales frente a influencias externas.
El proyecto del Ministerio del Interior refuerza la visión del Kremlin de consolidar una identidad nacional basada en valores conservadores, en un intento por crear un marco legal que, según sus impulsores, "proteja a la sociedad rusa". Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y activistas consideran que esta política forma parte de una estrategia de represión, argumentando que el concepto de “valores tradicionales” se ha utilizado como excusa para restringir libertades individuales y marginar a sectores específicos de la población.
Este proyecto también subraya la creciente integración entre las fuerzas de seguridad y las políticas morales del Estado, en un movimiento que amplía el papel de la policía más allá de la seguridad pública para abarcar la supervisión de los valores culturales. De aprobarse, el decreto presidencial significaría un avance en la aplicación de políticas de corte moralista, que, según los críticos, contribuyen a un ambiente de censura y vigilancia en la sociedad rusa.
