El Ministerio del Interior parece hacer todo lo posible para evitar que las figuras clave del "caso Koldo" y del "caso Begoña Gómez" comparezcan en la Comisión de Investigación del Senado. En este sentido, ahora ha sido el turno de Javier Hidalgo, CEO de Globalia, quien está ilocalizable pese a que el Senado tramitó el pasado 10 de octubre su convocatoria para comparecer en el Senado por su papel en las presuntas tramas de corrupción del PSOE. De hecho, Hidalgo es una persona muy importante en la investigación judicial que se está llevando a cabo sobre Gómez ya que se pretende saber qué papel jugó la esposa del presidente del Gobierno en el rescate de Air Europa y si ha habido tráfico de influencias. El CEO de Globalia estaba citado para este jueves (7 de noviembre), pero, como Interior no ha sido capaz de localizarle en casi un mes, el PP ha presentado un escrito "para que la Cámara Alta exija al Gobierno que colabore en la localización", según han expuesto fuentes populares. De hecho, se pide que el Ejecutivo ponga a disposición todos los "recursos legales" para contactarle.
Con este escrito, el PP pretende que Hidalgo pueda comparecer lo antes posible pese a que estaba citado para este jueves. Además, también se responsabiliza al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska de la no localización del CEO de Globalia para proteger a Gómez y al PSOE. En este sentido, Hidalgo no es la única figura clave con la que ha habido problemas para contactar: también hubo dificultades con Koldo García, aunque finalmente acudió al Senado pese a que el PSOE trató de suspender la sesión; y, con un ex alto cargo del propio departamento de Interior, como José Manuel Fraile Azpeitia (subdirector general de Gestión Económica y Patrimonial en 2020), lo que provocó la suspensión de su comparecencia el pasado jueves 24 de octubre.
"El pasado 10 de octubre la Comisión de Investigación aprobó llamar a Javier Hidalgo para el próximo jueves 7 de noviembre. Desde entonces, a pesar de los intentos realizados por la Cámara a instancias de la presidencia de la Comisión, el Departamento que dirige Marlaska ha sido incapaz de localizarle para hacerle llegar la citación con éxito", señalan fuentes del PP. En este sentido, el procedimiento para citar a un compareciente tiene tres pasos: la Mesa de la Comisión de Investigación acuerda la comparecencia y el presidente lo traslada al letrado, que es el encargado de hacer los trámites administrativos para que el Ministerio del Interior luego localice al compareciente. Por tanto, el último responsable es Interior.
"Desde que comenzamos a conocer todos los casos de corrupción que acorralan al Gobierno, la obsesión de Sánchez y el PSOE ha sido ocultarla de todas las maneras posibles", denuncian los populares, que recuerdan los "desprecios e insultos del Gobierno" a la Comisión de Investigación y los intentos "en boicotearla". "Ya sea dificultando la localización de comparecientes, negando información a la Comisión, o votando en contra de todas las ampliaciones del objeto, consecuencia de las ramificaciones de la trama que van apareciendo", señalan las fuentes del PP.
"Por si Hidalgo estuviera fuera de nuestro país, el escrito del PP también hace referencia al Ministerio de Asuntos Exteriores. Para que utilice su servicio de embajadas para localizar a Javier Hidalgo", señalan las mismas fuentes, quienes también hacen referencia al Ministerio de Hacienda para que colabore para localizar a Hidalgo, "ya que es un obligado tributario y la Agencia Tributaria debe conocer su domicilio fiscal" y al Ministerio de Industria y Turismo, "en tanto que Hidalgo es uno de los principales empresarios del sector turístico"
Además, en el PP recuerdan que el artículo 502 del Código Penal recoge las consecuencias que puede tener para Hildalgo su plantón al Senado. "Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años", reza el Código Penal.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, denuncia que Sánchez quiere "tapar la corrupción que le acorrala" y por eso intenta boicotear la Comisión de Investigación. "Si quiere, puede localizar a un ciudadano español como Hidalgo, seguramente con preguntar a su entorno personal podrá obtener su teléfono y su dirección, si es que no lo tienen él", ironiza García.
