La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María de los Ángeles Sánchez, ha acordado en un decreto firmado este pasado martes que no informará a su superior, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de las actuaciones de la Fiscalía en la causa que ha abierto el alto tribunal en su contra para investigarle por un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.
La "número dos" de García Ortiz será quien asuma el conocimiento de manera "directa y exclusiva" de los pasos que vaya dando el fiscal que participe procedimiento que instruye el magistrado Ángel Luis Hurtado con el fin de aclarar si incurrió en un delito al haber ordenado la publicación de una nota por la Fiscalía Provincial de Madrid para informar sobre las negociaciones que el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, mantenía con este Ministerio Fiscal.
Las conversaciones iban dirigidas a firmar un pacto de conformidad en el que él admitía dos delitos fiscales, a cambio de evitar una pena de cárcel.
Por tanto, se confirma, como se preveía, que será la teniente fiscal quien asuma la "dación de cuenta" de cualquiera de las "actuaciones" del Ministerio Público en la investigación de la Sala de lo Penal contra su superior directo y máximo responsable de este organismo, García Ortiz.
Además, con este decreto, María de los Ángeles Sánchez viene a ratificar dos previo en los que García Ortiz formalizaba su decisión de "abstenerse de intervenir" en las notificaciones que se hagan por parte de la oficina de la Fiscalía del Tribunal Supremo a la Fiscalía General que dirige.
En el primero, del pasado 1 de abril, el fiscal general "acordaba abstenerse de la dación de cuentas o cualesquiera actuación" del Ministerio Público en lo referente a la inicial investigación por estos mismos hechos que se abrió, tras la denuncia del propio novio de Ayuso, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En el segundo de ellos, con fecha del pasado 30 de octubre, García Ortiz realizaba lo propio acuerda "hacer extensiva la resolución adoptada" anteriormente en la causa contra él en el Supremo en la que también está investigada la fiscal jefe de la provincia de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, porque la nota en cuestión salió de su Fiscalía madrileña, aunque el fiscal general asumió "la responsabilidad última" de su difusión.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada como acusación popular en esta causa, reclamó este pasado jueves al instructor del Supremo que ordene la suspensión de empleo del fiscal general mientras dure la investigación judicial en su contra.
Entre otros, bajo el argumento de que si continúa al frente de la Fiscalía continúa al frente de la Fiscalía sería "el superior jerárquico" del propio fiscal que participe en la causa en su contra y podría, por esta condición, "impartirle órdenes" directas.
Se remitió esta asociación al artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para recordar, en este sentido, que "el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones".
Por su parte, la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera, aseguraba críticamente que era "imaginable la intervención" de la teniente fiscal "cuando depende directamente de quien es persona investigada y de quien depende su eventual renovación".
Asimismo, censuraron que "ella o cualquier otro fiscal de Sala, al igual que quienes integran el Consejo Fiscal, intervenga en el procedimiento penal cuando el propio fiscal general del Estado ha requerido su opinión en la Junta de Fiscales de Sala y en el Consejo Fiscal tras informar extraprocesalmente de su versión".
La duda que planteó la AF sobre todo ello es: "¿qué informe va a emitir el Fiscal encargado cuando le sea solicitado y a quién va a dar cuenta?".
