Pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas y reducción, en definitiva, de la cartera asistencial. Este es el panorama al que se enfrentan cada día los más de 70.000 policías nacionales y sus familias, que ahora asisten a una nueva encrucijada: las aseguradoras médicas dejan plantado al Gobierno y no acuden al concierto de Muface. Y el motivo no es otro que la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, de ampliar la prima anual por encima del 17,2%.
Ya en un sondeo realizado en marzo 2022 por el sindicato JUPOL, a través de CSIF, el 50% de los funcionarios encuestados admitía haber sufrido recortes sin previo aviso, haber dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o haber sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria. Además, un 14% ha visto limitado el acceso a su hospital habitual y le han propuesto que pague por una consulta médica o por continuar recibiendo un tratamiento. Las especialidades más problemáticas son Atención Primaria, Dermatología, Digestivo, Psicología, Fisioterapia, Traumatología, Analítica, Pediatría o las urgencias durante los fines de semana.
Ayer, las aseguradoras médicas, Adeslas, Asisa y DKV dijeron "no" a Sánchez, creando un clima de incertidumbre ante una situación que ya era de por sí "insostenible". Por este motivo, son muchos los colectivos de funcionarios que se han dirigido al Ejecutivo para que aumente la asignación presupuestaria para Muface. Desde Jupol, su secretario general, Aaron Rivera, ha ido un paso más allá y ha enviado una carta a Sánchez.
En esa misiva, Rivero ha recordado al jefe del Ejecutivo la reducción en la calidad de los servicios sanitarios que viven los agentes desde hace años por esas "limitaciones presupuestarias". Asimismo, ha destacado el "papel crucial" de
los agentes en el mantenimiento de la seguridad y el orden público y la necesidad de poner fin a esta problemática que tiene, a su juicio, tres grandes focos: un presupuesto insuficiente, el incremento de los costes sanitarios y limitaciones en los servicios.
En este sentido, recuerda que Muface depende del presupuesto estatal que cualquier reducción o estancamiento en este afecta directamente a los servicios y cobertura que ofrece a sus beneficiarios. Insiste en que el Gobierno no puede permanecer ajeno al aumento de los costes de los servicios sanitarios y exige, al igual que otros muchos colectivos, una "mayor asignación presupuestaria " para Muface.
Así, concluye la misiva: "Esperamos que esta solicitud sea recibida con la sensibilidad que merece y confiamos en su compromiso como presidente del Gobierno con los más de 70.000 policías nacionales y sus familias, con la mejora de las condiciones sociosanitarias y laborales de los servidores públicos".
Porque en definitiva, desde este sindicato, consideran que esta situación es "insostenible" y no se puede permitir que sigan "reduciendo los derechos y empeorando las condiciones sociolaborales de los agentes de la Policía Nacional".
